Así lo anunció hoy el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que compareció junto a la portavoz municipal, Rita Maestre. Sánchez Mato distinguió entre contratos “legales” y “legítimos”, y se mostró decidido a “que la gente decida si un contrato es lesivo o no”, aunque no incumpla la ley. Para ello, se ofrecerán herramientas de información, porque la consulta, dijo, “será vinculante”.

El Gobierno municipal ha encargado a funcionarios la anunciada auditoría de la deuda, bajo la coordinación de la nueva Subdirección General de la Auditoría de Deuda y Políticas Públicas dirigida por Álvaro Sánchez Martí; al ser todos empleados públicos, su trabajo no tendrá un coste adicional, aunque también se encargarán estudios de impacto a instituciones académicas.

El propósito, aseguró Sánchez Mato, no es sólo fiscalizar a los gobiernos del PP, sino mantener la transparencia en el presente y el futuro, e “ir más allá de los aspectos legales que ya audita la Intervención General”, para analizar su impacto en las políticas públicas, porque “quien sólo analiza la ley se olvida de hacer política”, y él ve “altas dosis de ilegitimidad” en contratos que formalmente son legales.

Una vez conocidos los resultados, se establecerán mecanismos democráticos para ver qué se hace” con los contratos. Los trabajos se extenderán durante muchos meses, pero se irán divulgando datos a medida que se analicen.

"POLÍTICAMENTE YA VEREMOS"

Respecto a la deuda en general, y a pregunta de los medios, Sánchez Mato corroboró que, como dijo la alcaldesa, Manuela Carmena, el lunes en la radio, el Ayuntamiento puede pagarla en los plazos actuales, por lo que es “sostenible económicamente”; lo que hay que ver, puntualizó, es si políticamente conviene pagarla al ritmo actual o si eso afecta a las medidas sociales. “Técnicamente tenemos capacidad, políticamente ya veremos”, resumió.

El concejal, aunque no quiso prefigurar los resultados a los que se va a llegar en la auditoría, se preguntó si, en caso de que se detecten deuda ilegal o contratos ilegítimos por los que se esté pagando el doble de lo debido, el Ayuntamento no debería actuar en la medida de lo posible para cambiarlos.

En este sentido, denunció que algunos de los que firmaron las anteriores corporaciones se hicieron con cláusula de confidencialidad, y cuantificó en 66 millones el sobrecoste que supone en 2015 para el Consistorio haber firmado contratos de alquiler con cláusula suelo.

Así, dijo que será “la gente” la que decida en estos casos si quiere seguir alquilando el edificio. Pero, a preguntas de los periodistas, hizo extensiva la fórmula a otros contratos financieros o a los de externalización de servicios, como la recogida de basuras, que él ve claro que se han revelado “lesivos” para las arcas públicas.

LIMPIEZA

Maestre aclaró a este respecto que la renovación de algunos contratos a concesionarias ha sido sólo “una prórroga técnica” debida a la imposibilidad de buscar otra alternativa en el mes y medio que llevan en el gobierno. Dijo que el propósito último del Consistorio es remunicipalizar la gestión de servicios y que los sindicatos están de acuerdo aunque se hayan interesado por las condiciones laborales que quedarían si así se hiciera.

Su compañero de gobierno afirmó rotundamente “sí” cuando se le preguntó si el Ayuntamiento estaría capacitado para gestionar la limpieza, dado que gran parte de los recusos materiales que utilizan las empresas son, de hecho, de propiedad municipal.

Sánchez Mato recordó que Ahora Madrid no tiene mayoría absoluta en el Pleno municipal, pero sí aseguró que llevará sus propuestas al mismo y el resto de grupos tendrán que retratrarse. El PSOE y Ciudadanos ya votaron a favor de esta auditoría.

En otro orden de cosas, el delegado de Economía y Hacienda explicó que se ha reorganizado la Agencia Tributaria, pasando de ocho subdirecciones generales a cinco, una de las cuales es nueva: la de Atención al Contribuyente.