Así lo anunció hoy el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que compareció junto a la portavoz municipal, Rita Maestre.

Sánchez Mato distinguió entre contratos “legales” y “legítimos”, y se mostró decidido a “que la gente decida si un contrato es lesivo o no”, aunque no incumpla la ley. Para ello, se ofrecerán herramientas de información, porque la consulta, dijo, “será vinculante”.

El Gobierno municipal ha encargado a funcionarios la anunciada auditoría de la deuda, bajo la coordinación de la nueva Subdirección General de la Auditoría de Deuda y Políticas Públicas dirigida por Álvaro Sánchez Martí; al ser todos empleados públicos, su trabajo no tendrá un coste adicional, aunque también se encargarán estudios de impacto a instituciones académicas.

El propósito, aseguró Mato, no es sólo fiscalizar a los gobiernos del PP, sino mantener la transparencia en el presente y el futuro, e “ir más allá de los aspectos legales que ya audita la Intervención General”, para analizar su impacto en las políticas públicas.

Una vez conocidos los resultados, se establecerán mecanismos democráticos para ver qué se hace” con los contratos, tanto los de alquileres de edificios públicos, como los financieros o los de externalización de gestión de servicios como la limpieza. Los trabajos se extenderán durante muchos meses, pero se irán divulgando datos a medida que se analicen.