Así lo indicó en el marco de los actos que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 ha convocado para recordar a las víctimas del accidente aéreo ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto Madrid-Barajas, en el séptimo aniversario del siniestro.

La ministra destacó la importancia de que el suceso no caiga en el olvido y aseguró que las víctimas “siempre estarán en nuestros corazones”.

La titular de Fomento indicó que se están dando pasos en la asistencia a las víctimas, aunque reconoció que hay “muchas” cosas por hacer y resolver. Entre las medidas aprobadas está el real decreto de asistencia a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares, el protocolo de coordinación para la asistencia a las víctimas y el reforzamiento de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.

Pastor recordó también que este año se ha puesto en marcha la Oficina de Asistencia a Víctimas del Ministerio de Fomento, y se ha aprobado el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO).

“AMARGURA”

Por su parte, la presidenta de la Asociación, Pilar Vera, recordó que “amargura” de las víctimas por la lucha en busca de la verdad y la justicia, además de la “impotencia” al luchar contra un “gigante” como es una compañía de seguros, que con sus infinitos recursos les “arrincona cada día un poco más”.

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 dijo que pese a la “cobardía” de la justicia no se rendirán, ya que 154 personas no descansan en paz.

“Dejar esta lucha sería fallar a las víctimas”, subrayó Vera, quien reiteró que defenderán los derechos que les otorga la normativa europea, aunque jueces en España estén aplicando normas internas que nada tienen que ver con una catástrofe aérea.

Según la asociación, sin justicia no se cerrará jamás la herida y que ésta, lejos de disminuir, se agranda con el paso del tiempo. El Estado, consideran, está obligado a dar una respuesta que calme el “inmenso dolor”.

En un documento en el que hacen un balance de los siete años trascurridos desde la tragedia, la asociación denuncia que “ser víctima de un accidente aéreo en España es un negocio para la aseguradora, un estorbo para la justicia y no sabemos qué exactamente para el Estado”.