En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Martínez subrayó que la “única palabra” valida en lo referido a la prisión permanente revisable la tienen los jueces, al tiempo que explicó que esta pena está recogida en el Código Penal para hacer frente a los delitos “más graves, más atroces” y en cuyo artículo 140 se agrupan una serie de circunstancias como los abusos sexuales para que la Fiscalía solicite la aplicación de esa condena por un magistrado.

En ese sentido, consideró que es “un poco pronto” para determinar si en el crimen de las jóvenes concurren los preceptos legales que permitirían aplicar esa pena.

A pesar de ello, manifestó que los crímenes acaecidos en las últimas semanas dan “plena justificación y pleno sentido” a la prisión permanente revisable, un castigo penal que “nos homologa a todos los países europeos y de nuestro entorno con un sistema plenamente garantista, absolutamente incardinado en nuestro Estado de dereho pero también de reacción penal contundente frente a las formas criminales más abyectas”.

En relación con este debate, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, se mostró el pasado lunes a favor de que crímenes execrables como el doble de Cuenca, "tengan penas ejemplares" como la prisión permanente revisable.

Por otra parte, Martínez destacó que la labor policial fue “relevante” para llevar a cabo la localización y detención del presunto asesino en un “tiempo record”, al tiempo que recordó que a partir de ahora el caso se encuentra centrado en el mecanismo de cooperación judicial para conseguir la extradición, un proceso en el que el Gobierno trabajo con la mayor agilidad pero respetando las garantías procesales.

Preguntado por la investigación que la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal (UDEF) está llevando a cabo para determinar si existe una trama de corrupción en el seno de la CNMV, Martínez contestó que tiene que guardar una “reserva absoluta” ante una investigación en marcha.