En este sentido, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca han iniciado una campaña para alertar de los peligros asociados al transporte de residuos nucleares al ATC de Villar de Cañas.

Estas organizaciones explicaron este miércoles que se han dirigido a los 217 municipios de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura por donde circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), en caso de que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad se lleve a cabo finalmente en Villar de Cañas (Cuenca), según informaron estos colectivos ecologistas este miércoles.

PLAN OBSOLETO

Las tres organizaciones informaron directamente a los municipios de los riesgos y les solicitaron que se sumen a la petición de paralización del proyecto. Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran adecuado realizar la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos, que se encuentra totalmente obsoleto, según denunciaron estas organizaciones.

Asimismo, recomendaron que se identifiquen las alternativas técnicas más seguras y se determine cuál es la alternativa socialmente más apoyada. “El derecho a la participación pública está reconocido por la ley, y es garante de las mejoras en seguridad de proyectos como el del ATC", declaró Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas.

IMPACTO RADIOLÓGICO

Las organizaciones criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

Francisco Castejón, portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, manifestó que "la autorización del emplazamiento del ATC supone un atropello, puesto que está basada en informes geológicos y de impacto radiológico deficientes. Además, la construcción del ATC supondrá que los transportes nucleares atraviesen miles de kilómetros por territorio poniendo en riesgo numerosos núcleos de población".