Royo hizo esta afirmación en la presentación de la memoria anual de la ONCE y su fundación correspondiente a 2014, donde se aludió al juego ilegal como uno de los obstáculos que frena el crecimiento en las ventas de los productos de juego de la ONCE.

El delegado territorial de la organización de ciegos en Madrid señaló que el juego ilegal lleva instalado años en España, donde se legisló sobre él en 2011 y donde “ha habido innumerables sentencias y multas para retirarlo de la calle”.

Sin embargo, “esto ya no es cuestión de sentencias ni de multas, sino de voluntad política”, prosiguió Royo, quien añadió que unos gobernantes y otros se lanzan la pelota a la hora de afrontar este problema, ya que desde el ámbito autonómico apelan al estatal y desde el nacional, al de las comunidades.

A su juicio, la potestad la tienen los políticos de las CCAA, en tanto que responsables de las competencias de juego, pero también los estatales, ya que existe una ley nacional reguladora de esta materia a nivel nacional.

Este responsable de la ONCE en la Comunidad de Madrid recordó que su entidad lleva años luchando por acabar con el juego ilegal, que cuenta con 3.600 trabajadores en situación irregular en toda España, dependientes de una treintena de asociaciones, de las que el 80% pertenecen a la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), sancionada recientemente con 25 millones de euros por el Ministerio de Hacienda.

En esta línea, Royo precisó que la mayoría de las personas que venden productos ilegales de juego lo hacen sin estar afiliadas a la Seguridad Social y que además todoas ellas utilizan la imagen del cupón de la ONCE como escaparate.

Debido al juego ilegal, a la crisis y al mantenimiento del impuesto del 20% a los premios de las loterías públicas, la recaudación de la ONCE en productos de juego descendió el año pasado un 3,9% con respecto a 2013, lo que supone una merma acumulada de un 10% en los últimos tres ejercicios.