“El objeto de esta comisión de investigación es determinar las responsabilidades políticas en las que pudieran haber incurrido altos cargos de la Comunidad de Madrid así como otras personas que no son consideradas como tales y cualquier funcionario involucrado en los asuntos que se investigan”, según el texto firmado por estos portavoces.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, explicó que en esta comisión, que empezará sus trabajos en octubre, podrán comparecer también los funcionarios para que puedan "aclarar los casos de corrupción en los que han podido colaborar miembros del anterior gobierno".

El portavoz de Podemos dijo que esta modificación posibilita que a la citada comisión de investigación puedan ir a declarar algunos funcionarios “que han visto lo que había” en las etapas de la corrupción.

El portavoz socialista afirmó que esta propuesta permite ampliar el número de personas que pueden ser llamadas a comparecer en la comisión de investigación sobre la corrupción.

ERRORES DE BULTO

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, calificó de “error de bulto” la modificación del objeto inicial de la iniciativa para la comisión de investigación, ya que "se podría ampliar a cualquier ciudadano y a los funcionarios de la Comunidad de Madrid".

“Esto sería tanto como decir que se podrían pedir responsabilidades políticas a funcionarios y al resto de madrileños que nada tienen que ver con las actuaciones de los responsables políticos de la Administración regional madrileña”, añadió.

Asimismo, denunció la “falta de voluntad de diálogo y acuerdo” del PSM, Podemos y Ciudadanos para “definir los trabajos a realizar” por la citada comisión de investigación.

A su juicio, “a las primeras de cambio nos encontramos con un texto de la iniciativa en el que no se ha contado en la redacción del mismo con el PP y en la que solo se busca hacer una causa general contra el partido y armar ruido mediático previo a las elecciones generales del mes de noviembre”.