Trevín afirmó que “no hay ni un sólo dato que justifique que se vaya a mejorar la seguridad”. “Es lógico sospechar que algo falla cuando los datos dicen que en el año 2013, de las 25.461 manifestaciones realizadas sólo actuó la fuerza pública en 23”, insistió.

En su opinión, la Ley de Seguridad Ciudadana está “justificada en disculpas inexistentes” y es “desproporcionada en lo punitivo y en el control gubernativo de la calle, que convierte a la persona que protesta en ciudadano bajo sospecha, y que esquiva leyes internacionales y la Constitución de 1978 para conectar con la teoría franquista del orden público”.

Según el diputado, la ley, que entró en vigor el pasado 1 de julio, no supone “una preocupación ciudadana”, tal como reflejan las encuestas del CIS, que recogen que “sólo el 0,1% de los ciudadanos se preocupa por la seguridad”. A su juicio, la nueva norma va “claramente en sentido contrario a la jurisprudencia del constitucional”, desarrollando “un régimen sancionador al margen del control judicial”.

EL Foro Servimedia-Comunicación ‘Ley de Seguridad Ciudadana y reforma del Código Penal’ estuvo moderado por el director de Servimedia-Comunicación, Arturo San Román; y contó asimismo con la participación del titular del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña; el diputado por el Grupo Parlamentario Popular, Francisco Márquez de la Rubia; el representante del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Fernando Lambea; la representante del equipo de Incidencia de Cáritas y miembro de la Plataforma del Tercer Sector, Virginia Álvarez; y la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.

RECOMENDACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Lambea anunció que el Defensor del Pueblo ha emitido con carácter preventivo una serie de recomendaciones “para que los parámetros de aplicación de la ley se ajusten a los criterios del Tribunal Constitucional” y para “que se dicten instrucciones que aclaren aspectos de la ley que no están suficientemente desarrollados, que pueden plantear dudas sobre aplicaciones que sean contrarias al ejercicio de los derechos fundamentales”.

En el caso de las manifestaciones, Lambea afirmó que “cuando se sanciona a alguien en una manifestación normalmente no se tiene en cuenta que está ejerciendo un derecho fundamental”, y esto puede suponer, según dijo, uno de los puntos conflictivos de la aplicación de la nueva norma.

Desde un punto de vista más técnico, Toro Peña señaló que “existe una sentencia del Tribunal Supremo que regula este aspecto”, y al que se ajustará la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Para Toro Peña, la puesta en marcha de la nueva ley “era necesaria”, porque responde al planteamiento de justicia que se deriva del Tratado de Lisboa, reconociendo “la presunción de inocencia”, y que no vulnera la tutela judicial efectiva, ya que “permite al ciudadano realizar alegaciones antes de que se inicie el procedimiento sancionador”, además de recurrir judicialmente.