La ley fue defendida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que subrayó el aumento de la peligrosidad de nuevas amenazas para la seguridad y, por tanto, para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos y para el avance de la sociedad.

Después, Jordi Xuclá defendió la enmienda de Convergencia y de Unió dejando claro que comparten los motivos que inspiran la presentación de esa ley en la medida en que existen amenazas nuevas que deben ser afrontadas.

Sin embargo, detalló discrepancias en tres aspectos: falta de una definición precisa del concepto de seguridad nacional y la incorporación de artículos y apartados con un “carácter claramente expansivo” de ese concepto; falta de rol del Parlamento y, por tanto, de elementos garantistas; y un enfoque “desafortunado” de lo que se entiende como colaboración con las comunidades autónomas.

En conjunto, Xuclà invitó al Gobierno a “reescribir” la ley. Su grupo comparte la preocupación del Gobierno sobre esas nuevas amenazas, concluyó, pero no cree que la ley presentada sea la forma de afrontarlas.

En nombre de La Izquierda Plural, Joan Josep Nuet sentenció que no es tanto la seguridad de España lo que está en riesgo sino la libertad de sus ciudadanos y su bienestar, debido a la política “suicida” del Gobierno, en materia económica y también de acción exterior.

A modo de ejemplo, subrayó que la participación activa en una OTAN que aprueba el rearme de los países del Este de Europa es “una amenaza creciente” para España, igual que la invasión de Libia o la posición “dudosa” en Siria, territorios ambos que se han convertido en “fábricas” de terrorismo.

Nuet denunció también que la reducción de la cooperación internacional y de la presencia diplomática de España en el exterior son también un “peligro para la seguridad” porque impiden atajar el origen de las situaciones de pobreza y desigualdad, caldos de cultivo para extremismos. Acusó por ello al Gobierno de pretender con esta ley “sorber y soplar a la vez”, y hacerlo además con un texto “recentralizador” y que destila “tintes militaristas”.

Nuet alertó además de que los debates sobre el independentismo en Cataluña o el País Vasco “no se solucionan con la Guardia Civil” sino con diálogo político, y se preguntó de qué principios y valores habla la ley, porque si se refiere a los de la actual Unión Europea, el BCE o el FMI no son compartidos por una amplia mayoría social.

"EXPOLIO" DE COMPETENCIAS

Emilio Olabarria defendió la enmienda de totalidad del PNV entre otras cosas por una definición “difusa” del concepto de seguridad nacional que genera inseguridad jurídica, y por el “expolio” de competencias autonómicas.

Aunque la ley y la vicepresidenta invocan a la coordinación y la cooperación con las comunidades autónomas, Olabarria denunció que es “mera retórica” porque, por ejemplo, las relaciones entre la Ertzaintza y los cuerpos de seguridad del Estado se encauzan en la Junta de Seguridad, que en casos afectados por esta ley “desaparece”.

La ausencia de una definición clara del concepto de seguridad nacional, advirtió, podría generar situaciones en las que “de manera arbitraria” desde el Gobierno central se pretenda “perturbar el esquema constitucional” de regulación de derechos y libertades o incluso de modelo territorial.

En esa misma línea, Joan Tardà defendió la enmienda de ERC denunciando que la ley podría permitir al Gobierno suspender de hecho los poderes de la Generalitat de Cataluña , justo cuando el escenario soberanista avanza y se puede iniciar en breve la andadura hacia una “república catalana”.

La vicepresidenta, que inicialmente había defendido el proyecto, respondió a todos estos grupos que habían defendido enmiendas a la totalidad reiterando que existen riesgos y amenazas para la población que deben hacer reflexionar sobre la mejor manera de abordarlos.

Explicó los motivos por los que no aprecia problemas de encaje constitucional y reconoció que en el Gobierno hubo “dudas” sobre el rango normativo que tenía que tener la ley, y así se planteó al Consejo de Estado, que por unanimidad estableció que no era necesario siquiera desgajar preceptos en ley orgánica.

Negó que vaya a haber invasión competencial porque la ley es “integradora y de estructura organizativa” del propio Estado, al estilo de las que tienen países profundamente descentralizados, como Canadá.

La vicepresidenta criticó expresamente a Tardà que pretenda reducir al ámbito de Cataluña y del debate sobre el independentismo una cuestión mucho más amplia. “Pese a su discurso”, le dijo, el Gobierno “tratará de proteger la seguridad de los ciudadanos cuando haya un riesgo”.

Ante las sospechas expresadas por el propio Tardà sobre la posible invasión de los servicios secretos en las comunicaciones personales de los ciudadanos, incluso de los cargos públicos, como ha ocurrido en otros países “incluso más avanzados” que España, la vicepresidenta subrayó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solo intercepta las comunicaciones con autorización judicial, como corresponde a un Estado de Derecho. Le invitó por ello a no preocuparse por sus conversaciones privadas y sí por “lo que dice públicamente en la tribuna”.

Después de la respuesta de la vicepresidenta, Olabarria insistió en que existen nuevas amenazas, pero eso no legitima al Gobierno a regular preceptos constitucionales mediante ley ordinaria, ni siquiera orgánica. Alterar el principio dispositivo en el que se basa la configuración autonómica del Estado, dijo, requiere una reforma constitucional. Si eso es lo que quiere el Ejecutivo, “atrévase y hágalo, ahí nos veremos”.

La vicepresidenta había respondido a Nuet que los españoles aprobaron en referéndum entrar en la OTAN, y después este diputado recordó que fue así, pero con la premisa de no participar en la estructura militar, en la que hoy España está metida “hasta el cuello”, y sin acoger armas nucleares, cuando hoy las bases de Rota y Morón están nuclearizadas.

Jordi Xuclà anunció enmiendas parciales de su grupo para mejorar la redacción de algunos preceptos, de forma genérica la vicepresidenta reiteró después que el Gobierno está “abierto” a estudiar posibles mejoras del texto.

LIBERTAD Y SEGURIDAD

En el turno de fijación de posiciones, Rosa Díez criticó en nombre de UPyD la “ficción” en la que se convirtió el debate al centrarse en las competencias cuando el fondo es la seguridad nacional, demostrando cierto “miedo a que el Estado tenga instrumentos para garantizar la seguidad de todos sus ciudadanos”.

Reiteró que seguridad y libertad no son términos antagónicos sino complementarios, que tienen que convivir. Considera que el proyecto tiene razón de ser, pero reclamó mayor papel del Parlamento y alertó de que la redacción de algunos preceptos pueden generar inseguridad jurídica, motivos por los que su grupo presentará enmiendas parciales a las que espera que el Gobierno sea “sensible”.

En nombre del PSOE, José Enrique Serrano dejó claro que está de acuerdo con la existencia de una ley sobre esta materia, por los mismos motivos por los que impulsó la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o el pacto contra el terrorismo yihadista.

Anunció, no obstante, enmiendas parciales para resolver algunos problemas de redacción y para “despejar alguna incertidumbre” sobre la salvaguarda en la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio.

Beatriz Rodríguez Salmones criticó en nombre del PP a quienes pretendieron reducir la cuestión de la seguridad nacional a un debate “menor” sobre una hipotética invasión de competencias “que aseguro que no va a suceder”.

Algunas de las enmiendas a la totalidad, lamentó, parecen plantear algo así como “con qué derecho se arroga el Estado la facultad de defender mis libertades en mi territorio” ignorando que es obligación del Estado asegurar esa seguridad de todos sus ciudadanos en todo su territorio.