Amós y Sánchez Fierro plantearán estas cuestiones durante su intervención en las jornadas ‘Vacunas: peculiaridades, acceso, financiación y aspectos jurídicos’, que se celebran desde este miércoles hasta el próximo viernes en Santander, organizadas por la farmacéutica Sanofi Pasteur MSD, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En opinión de Sánchez Fierro, “para avanzar en la prevención de enfermedades infecciosas serían recomendables algunas modificaciones en la Ley General de Salud Pública, además de una considerable mejora en la dotación presupuestaria de la partida destinada a la financiación de vacunas, que, a día de hoy, sólo representa el 1,1% del gasto en Salud Pública”.

Y es que, apunta el experto, “la vacunación se ha visto negativamente afectada por la ausencia de un calendario único y por una dotación insuficiente y muy diferente en los presupuestos autonómicos”.

Desde esta perspectiva, Sánchez Fierro propone abrir un debate en torno al régimen de financiación de las vacunas en el que se distinga entre tres categorías.

Estas categorías son la de vacunas incluidas en el calendario vacunal único e integradas en la cartera "básica" de servicios del Sistema Nacional de Salud y con financiación pública al cien por cien; preparados innovadores, aún no incluidos en el calendario vacunal único, pero que pudiesen ser inicialmente incorporados a la cartera "suplementaria” del Sistema Nacional de Salud en concepto de prestación farmacéutica, y que deberían contar con una financiación parcial (posible modelo de copago), y por último, vacunas autorizadas, con financiación totalmente privada.

A este respecto, el presidente de la AEV, también director del curso de la Menéndez Pelayo, coincide en señalar como “razonable estudiar modelos de financiación alternativos para las vacunas recomendadas y no financiadas”.

Por otra parte, Sánchez Fierro propone regular el procedimiento de elaboración y de actualización periódica del calendario vacunal único, así como tasar las excepciones con las que cuente, además de introducir regulaciones adicionales en torno a supuestos específicos de obligatoriedad de vacunación de profesionales, señalar los límites sobre la decisión y responsabilidad de los padres sobre la vacunación de sus hijos, así como incentivar la vacunación en el ámbito laboral (gripe estacional) a través de reducciones en la cotización y en los impuestos.

Finalmente, los expertos coinciden en que es “prioritario” fortalecer las acciones y los programas de información y de concienciación vacunal, en especial respecto de ciertos colectivos de riesgo (niños escolarizados, personas mayores y dependientes institucionalizadas).