Con su sentencia, el Constitucional anuló la multa de 3.300 euros impuesta al farmacéutico por negarse en 2008 a vender en su farmacia la 'píldora del día después' y ampara su objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa.

La asociación afirma en un comunicado que la sentencia es “un peligroso e irresponsable precedente” y la libertad de conciencia no puede estar por encima del derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, como avalan numerosos informes de la ONU y jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Asimismo, recuerda que las farmacias, “aunque son comercios privados, ofrecen un servicio público sanitario regulado por la ley”, por lo que están obligadas a ofrecer una serie de productos recogidos por la normativa vigente, entre los que, “además de los medicamentos, están los productos anticonceptivos y contraceptivos”.