El listado está ya publicado en la web de la DGT (‘www.dgt.es’) y están identificados en 43 provincias (todas salvo las de Cataluña y el País Vasco), la mayoría de las cuales cuentan con 30 tramos con radares móviles, salvo Segovia (40), Albacete (32), Cádiz y Murcia (31), Huesca y Málaga (29), Orense (27) y Asturias (25).

Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, recogidos por Servimedia, España tenía a 31 de diciembre de 2013 un total de 165.361 kilómetros de carreteras, de los que 148.778 corresponden a carreteras convencionales o secundarias (de un carril por sentido), en los que se concentra cerca del 80% de los accidentes mortales de tráfico.

Los 1.294 tramos de vías convencionales susceptibles de radar móvil suman 31.125 kilómetros, de manera que uno de cada cinco kilómetros de carreteras secundarias (concretamente, un 20,9%) estarán más vigilados con controles de velocidad de la Guardia Civil.

La provincia con más kilómetros de tramos peligrosos vigilados por esos controles, según pudo comprobar Servimedia, es Ávila (1.472,35 kilómetros), seguida de Burgos (1.330,46), Zamora (1.281,20), Albacete (1.213,68), Ciudad Real (1.193,90), Valladolid (1.173,45), León (1.097,10), Salamanca (1.051,46).

La DGT señaló este jueves que los tramos han sido identificados tras analizar el número de accidentes graves (con víctimas mortales o heridos que necesitaron hospitalización), el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación en esos tramos.

Indicó que su ubicación ya es pública “para general conocimiento de los conductores, de forma que cuando transiten por ellos extremen las medidas de precaución y sobre todo cumplan con los límites de velocidad establecidos en cada uno de ellos”, así como para los proveedores de navegadores, que pueden así incluir los tramos en sus aplicaciones.

DENUNCIAR NO ES EL OBJETIVO

De hecho, Tráfico indicó que la velocidad es uno de los componentes fundamentales que determina la mayor o menor incidencia en la siniestralidad vial, la gravedad y el grado de lesión de las víctimas en caso de accidente; de ahí la importancia de controlar de forma efectiva la velocidad a la que se circula, sobre todo en las vías convencionales, donde el año pasado fallecieron cerca de 900 personas.

La DGT recalcó que los radares móviles serán visibles para los conductores, de modo que su presencia sirva como medida de disuasión y prevención. La finalidad que se busca a través de la vigilancia y control de la velocidad es que los conductores respeten los límites de velocidad establecidos en general, y en particular en aquellos tramos identificados como potencialmente más peligrosos.

Así, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que tienen la instrucción de dedicar el 80% de su tiempo a las carreteras convencionales y salvaguardando su seguridad, situarán los radares móviles en lugares visibles, ya que “la denuncia no es, en ningún caso, el objetivo final”, apuntó la DGT.

NUEVA ESTRATEGIA DE RADARES

De esta forma, Tráfico cumple con una de las iniciativas anunciadas el pasado mes de febrero en el marco de un nuevo plan estratégico de gestión de la velocidad en las carreteras, principalmente las secundarias (las de un carril por sentido), con varias medidas que afectan a los radares y con los objetivos fundamentales de reducir la siniestralidad y que los conductores cumplan los límites y así no sancionarles.

Esa estrategia se fundamenta en cuatro medidas: aplicar un umbral de tolerancia del 7% en los límites de velocidad a partir del cual el radar comienza a multar; que los aparatos diferencien el tipo de vehículo para sancionar en función de los límites específicos, singularmente a furgonetas, camiones y autobuses; que todos los equipos de control de velocidad sean visibles, tanto fijos como móviles, y que se trasladen 30 radares de punto de autovías y autopistas a carreteras secundarias como radares de tramo.

LÍMITES DE VELOCIDAD

El límite de velocidad en las carreteras secundarias con un arcén pavimentado de al menos 1,5 metros es de 100 km/h para coches y motos; 90 km/h para autobuses, derivados de turismo y vehículos mixtos, y 80 km/h para camiones, furgones, vehículos articulados y automóviles con remolque. En todos los casos hay que aplicar 10 km/h menos en las vías convencionales con menos de 1,5 metros de arcén.

El conductor que incumple los límites se expone a ser sancionado con una multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso de velocidad cometido.

Si, además, es sorprendido habiendo ingerido alcohol por encima de lo permitido también será sancionado con 500 euros y 4 puntos, que serán 1.000 euros y 6 puntos si es reincidente o dobla la tasa permitida. La infracción por conducir habiendo consumido drogas es de 1.000 euros y 6 puntos.

En el caso de que el exceso de velocidad en una vía interurbana sea superior en 80 km/h a la permitida reglamentariamente, el Código Penal lo tipifica como delito, lo que conlleva una pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.