Esta organización de derechos humanos incluye estas recomendaciones en su primera investigación sobre la vivienda en España, recogida en el informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España’, presentado este martes en una rueda de prensa en Madrid por Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, y Koldo Casla, investigador y autor del informe, en tanto que Maritza Saavedra y Ainhoa Lafuente aportaron sus testimonios como afectadas por ejecuciones hipotecarias.

Amnistía Internacional afirma que la vivienda es “un derecho hipotecado” en España, ya que, a pesar de las casi 600.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en España desde 2008, el Gobierno ha adoptado medidas insuficientes que no han protegido la vivienda como un derecho humano y cuyo alcance ha sido “muy restrictivo” porque ha beneficiado únicamente a 31.500 familias.

Además, apunta que las autoridades han “invisibilizado” la gravedad de la situación al no ofrecer datos desagregados de cuántas personas se han visto afectadas por los desahucios ni realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos de las políticas de vivienda, incluido el de género.

“El Gobierno está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda. Ni siquiera ha consultado a las personas afectadas ni las organizaciones”, aseguró Beltrán, quien añadió que “mientras la vivienda se siga considerando como un bien de consumo e inversión en lugar de como un verdadero derecho humano, con obligaciones para las autoridades, no se hará frente a esta situación”.

POCA VIVIENDA SOCIAL

Por otro lado, Amnistía Internacional señala que, en un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades han adoptado medidas regresivas injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción del gasto público en vivienda en más del 50% entre 2008 y 2015.

La organización recuerda que, según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que están en situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE (1,1%), sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). De hecho, Amnistía subraya que, en lugar de hace frente a esta alarmante cifra, las autoridades de dos de las comunidades autónomas donde existen más desalojos y viviendas vacías, como Cataluña y, sobre todo, la Comunidad de Madrid, han vendido vivienda social obviando así sus obligaciones en materia del acceso a la vivienda.

Además, indica que en un país con más de tres millones de viviendas vacías, lo que supone aproximadamente un 30% de las que hay en Europa, las autoridades catalanas y madrileñas, así como el Gobierno español, no han intensificado su uso, tal y como recomendaba ya en 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada.

Asimismo, Amnistía Internacional recalca que la Sareb (conocida como “banco malo”, es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las entidades bancarias nacionalizadas y en proceso de reestructuración) tiene en su propiedad 80.000 viviendas, de manera que el Gobierno debería modificar su mandato y promover así el uso de esas viviendas para asegurar el acceso al mayor número de personas.

La organización indica que el escaso periodo de calificación social de la vivienda (es decir, el tiempo por el cual a una vivienda se la considera “social”) en Madrid, su reducción en Cataluña y las medidas para reducir y dificultar el acceso a las prestaciones sociales también han generado desprotección en las personas.

“Todas estas medidas se han adoptado en un contexto de creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar”, aseguró Beltrán.

TESTIMONIOS

El informe recoge el testimonio de dos mujeres afectadas por los desalojos hipotecarios. Una de ellas es Ainhoa Lafuente, que describe cómo, a la hora de firmar su contrato, no contó con toda la información necesaria para saber que sus padres también ponían riesgo su propia casa como avalistas. En 2013 dejó de pagar la cuota hipotecaria y, con una hija a su cargo y tan sólo una ayuda por desempleo de 337 euros, decidió regresar al hogar de sus padres, en Barcelona. “Ni siquiera le puedo ofrecer a mi hija un techo y cuatro paredes, y tiene tres añitos, es muy injusto”, relata.

Este proceso ha afectado a toda la familia en cuestiones de salud, ya que su padre ha tenido varios infartos y su madre ha sufrido un cáncer. Ainhoa Lafuente todavía está en negociaciones con el banco y cuenta: “Yo tengo tiempo, pero mis padres no”.

Por su parte, Maritza Saavedra vino de Ecuador en 2001. Tanto ella como su marido trabajaban, así que decidieron comprar un piso en 2007. Sin embargo, al quedarse ambos sin empleo, vieron que no podían seguir pagando la hipoteca y les llegó una orden de desalojo. “Decidimos salir de la casa antes de que se cumpliera la fecha para ahorrarle a mi hija ese momento. No nos llevamos más que la ropa”, explica Maritza Saavedra.

La familia tuvo que marcharse a vivir con la hermana de Maritza durante unos meses y después a compartir piso a una casa donde dormían los tres en la misma habitación. Finalmente, una vecina les cedió una vivienda, por la que ahora pagan un pequeño alquiler. “Por lo menos estoy aquí tranquila con mi esposo y mis hijos, pero siempre tengo el pensamiento de que hemos hecho un esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo realmente”, apostilla.