El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, presentó hoy el programa de partido, que se compromete a paralizar los desahucios “que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica, para garantizar de esta manera el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, así como el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

Apuesta por la implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que consta de dos partes. Por un lado, estaría la fase de conciliación, en la que “el deudor presenta una propuesta a los acreedores que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas”. En una segunda fase, “si no hay acuerdo, será un juez quien decida el plan de pagos, quitas, etcétera. Lo importante es que en ningún caso las deudas hipotecarias podrán ser superiores al valor de la propiedad hipotecada”.

Para conseguirlo, Podemos dice que limitará la deuda hipotecaria “al valor del bien hipotecado" lo cual supone un reconocimiento del derecho a la dación en pago.

“La dación en pago, que no deja de ser traumática, pues para el deudor supone la pérdida del bien hipotecado, podría evitarse al ajustar la deuda al valor real del inmueble (por ejemplo, una nueva tasación de la vivienda con los precios actuales en lugar de con los precios de la época de la burbuja inmobiliaria con los que se calculó el préstamo original). En la práctica, este procedimiento judicial supondría dar respuesta a la demanda de la dación en pago retroactiva, porque todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco podrían acogerse a este procedimiento y cancelar así la deuda restante”, propone el partido.

PLAN DE GARANTÍA DE RENTA

El partido de Iglesias considera, además, que es necesario reformar, mejorar y coordinar, mediante un Plan de Garantía de Renta, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las comunidades autónomas y otras medidas de garantía de renta.

“Fomentaremos la equidad, la integración y la simplificación del sistema de garantía de rentas para obtener una mayor eficacia en la gestión y, asimismo, conseguir los siguientes objetivos: aproximar las RMI, de forma gradual y en virtud de las posibilidades, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual, y acelerar los trámites administrativos para la evaluación de las solicitudes y la percepción de las rentas", expone Podemos.

Añade que los trámites se incluirán en los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, en coordinación con los servicios y prestaciones de los servicios sociales, "para conseguir la cobertura integral de las necesidades básicas por parte de las instituciones públicas autonómicas, que deberán garantizar los derechos, el desarrollo y la igualdad de oportunidades de todas las personas", así como "permitir que estas rentas mínimas no se pierdan cuando los perceptores complementan sus remuneraciones con algún tipo de trabajo, siempre y cuando no se sobrepase el SMI (una vez compensado con los baremos en función del número de hijos e hijas)”, explica Podemos en su programa marco.

ELECTRICIDAD Y GAS

Dentro de estas medidas de rescate ciudadano, Podemos manifiesta que los suministros de gas y electricidad han de recuperar el carácter de servicio público, “entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas”.

En este sentido, pide no proceder al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos “ajenos a su voluntad” y, en particular, por “pobreza sobrevenida”.

Además, “se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar”, que no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales del hogar. “El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética” y el consumidor “tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista”.

Podemos propone, en este punto, una sanción a las compañías públicas o privadas de suministros en caso de que sus contratos contengan cláusulas abusivas o se detecte falta de transparencia en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

Asimismo, aplicará “ecotasas” que graven las actividades contaminantes de las empresas eléctricas. ”Lo recaudado se dedicará a actividades con impacto medioambiental positivo y que sean compatibles con la lucha a medio plazo contra la pobreza energética”, explica Podemos.