“Tengo yo para mí, y no es una reivindicación de IU porque creo que debe ser de todos los partidos, la creación de una oficina de lucha contra la corrupción, encargada de la vigilancia de la gestión pública”, manifestó.

En un encuentro informativo en Servimedia, el candidato indicó que “Madrid, con tramas como la 'Gürtel' o la 'Púnica', se ha convertido en un punto de referencia de la gestión oculta, de las operaciones opacas y del robo”.

Tras considerar que “uno tiene derecho a ser de derechas o de izquierdas, pero no tiene derecho a serlo robando”, anunció que “voy a pedir a todo el mundo, no como una bandera de IU sino de todos, crear una oficina de lucha contra la corrupción, en el sentido que ha propuesto el juez Baltasar Garzón”.

INDEPENDENCIA

Su propuesta es que esa oficina dependa del Gobierno regional, pero "con absoluta independencia y con mecanismos que impidan que esté al servicio del Ejecutivo de turno".

Además, añadió, "deberá dar cuenta a los organismos políticos de Madrid y funcionar con independencia para que los ciudadanos puedan denunciar y exigir la vigilancia de todos los partidos e instituciones”.

A su juicio, “la corrupción ha llegado en España hasta unos límites que exigen un compromiso de todos los partidos y todos los ciudadanos para resolver este problema que está hiriendo tanto nuestro orgullo democrático dentro y fuera de España”.

PROPUESTAS MUY CONCRETAS

Respecto al programa electoral con el que concurrirá a los comicios del 24 de mayo, dijo que contendrá “medidas muy concretas que estamos preparando con los equipos de IU y con los miembros del Consejo Cívico".

“Tenemos que aprovechar la riqueza que tiene Madrid, una comunidad rica y con posibilidades, para mejorar la vida de los ciudadanos y de los servicios que reciben, realizando pequeños cambios fiscales que pasan por subir la fiscalidad a los grandes patrimonios y las grandes fortunas", precisó.

Tras señalar que “las clases medias están maltratadas y muy empobrecidas con esta crisis”, añadió que “hay que huir de una fiscalidad que castigue más a las clases medias, ya bastante castigadas con las medidas del Gobierno”.

“Con una nueva estrategia fiscal, vamos a tomar medidas para generar empleo y hacer que el crédito fluya y para defender los servicios públicos, rescatar la dignidad de la sanidad pública y crear unas dinámicas que defiendan la educación pública”, continuó.

Respecto al Consejo Cívico que le asesora y apoya, dijo que está integrado por expertos en distintas cuestiones, como el juez Baltasar Garzón, la abogada Cristina Almeida, el párroco de San Carlos Borromeo Javier Baeza, la abogada y defensora de los derechos humanos Patricia Fernández, el exsecretario de Estado para asuntos de violencia de género en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Lorente, los exsindicalistas Agustín Moreno o Antonio Gutiérrez, el ecologista Carlos Bravo o la periodista Teresa Aranguren.

“Están todos los sectores dispuestos a defender los derechos de siempre y que han podido comprobar que los gobiernos del PP y del PSOE no han sido útiles para transformar la realidad”, concluyó.