Lo dijo el portavoz del PP José Miguel Castillo durante el debate en el Pleno de esas enmiendas del Senado, que contaron con el respaldo de quienes sucribieron el acuerdo político, y el voto en contra o abstención de los demás grupos parlamentarios.

Castillo destacó la experiencia que, por desgracia, tiene España en el combate contra el terrorismo, siendo el país que más operaciones policiales ha desarrollado en los últimos diez años. Sin embargo, alertó, en ocasiones los jueces no pueden procesar a los detenidos porque no hay un tipo penal adecuado ni un soporte jurídico que lo haga posible.

“El cesto tiene agujeros por los que se cuelan” quienes pretenden imponer el terror, alertó, y en un asunto tan delicado “no hay excusas para dar la espalda a los ciudadanos”.

También el socialista Antonio Trevín respaldó el acuerdo alcanzado porque es “necesario y urgente” una nueva legislación para responder a las nuevas formas de terrorismo yihadista, y porque el PSOE siempre ha tratado la lucha antiterrorista como “una cuestión de Estado”.

Es un problema “real y cierto” que nadie “con un mínimo de sensatez” puede negar, aseguró, y por ello la reforma legal mejora los mecanismos de prevención y endurece el castigo a quienes quieren imponer el terror para liquidar la democracia y las libertades.

En respuesta a las críticas de otros portavoces, Trevín aseguró que el PSOE “sigue donde siempre ha estado” y es coherente con su posición contra el terrorismo mantenida en el Pacto de Madrid, en el de Ajuria Enea y en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, liderando los acuerdos desde el Gobierno y manteniendo la lealtad desde la oposición, incluso a pesar de “las deslealtades y los ataques” del PP en algunas épocas.

El portavoz de CiU, Jordi Jané, anunció la abstención de su grupo. Siempre han estado en contra del terrorismo, subrayó, pero siempre han advertido de la necesidad de consenso y por ello “hoy debemos censurar la forma en la que se ha gestado” el acuerdo, “acelerada y partidista”.

En su opinión, el sistema penal español ya tiene instrumentos para luchar contra esas formas de terrorismo, y aunque puede haber coincidencia en algunos aspectos, insistió en la necesidad de ser “escrupulosos” en la definición de tipos penales. La reforma es tan precipitada, denunció, “que no ha llegado al contenido preciso” de lo que se debe entender como delito de terrorismo.

Cree, además, que no hay duda alguna de que para esos delitos se aplica la pena de prisión permanente revisable, que “no tiene encaje” en el principio de reinserción consagrado en la Constitución.

En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares sentenció que es “un día negro” para la democracia, los derechos civiles y las libertades públicas, por la aprobación de una “legislación de excepción”.

"TRÍPODE DE EXCEPCIÓN"

Subrayó que la experiencia “dramática” de España permitió en su momento dotar a la legislación de un “arsenal” en materia de prevención e inteligencia, que está permitiendo detener a “lobos solitarios” a quienes viajan para entrenarse en el terror y a cualquier posible terrorista. Cree, por ello, que la reforma es “simbólica” para “sustituir la seguridad social por la seguridad penal”. Resulta “inocua” para los verdaderos terroristas, denunció, pero impulsa el “paroxismo penal” para los ciudadanos que no son terroristas aunque sí practiquen la movilización o incluso la disidencia y la resistencia.

La prisión permanente revisable, añadió, es una pena inconstitucional por “degradante” e incluso constituir una “forma de tortura” dentro de lo que considera el “trípode de excepción” del que forman parte también el nuevo Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, aseguró que esta reforma es “de las más extravagantes y estrafalarias que se puedan concebir”, por sacar del Código Penal uno de sus ámbitos esenciales de aplicación, la lucha contra el terrorismo, y tratarlo aparte.

Denunció que supone una “completa incoherencia” desde el punto de vista jurídico, “absurdo por no decir aberrante” en el contenido, y una “chapuza legislativa” en sus consecuencias, por contener figuras sin definición. Cuando se emprende una “operación de rimbombancia propagandística” para tranquilizar a los ciudadanos pero sin adoptar medidas reales de prevención “lo único que puede ocurrir es que todo salga muy mal”, alertó.

Emilio Olabarria, del PNV, centró buena parte de sus críticas en el “aval” del PSOE a la prisión permanente revisable, con lo cual ese partido “abdica de sus convicciones” y admite una concepción inconstitucional de la lucha contra el terrorismo.

Recordó el aprendizaje de los atentados del 11 de marzo de 2004 y de la comisión parlamentaria que los investigó para abogar por medidas de prevención y de integración como métodos más eficaces para luchar contra esa forma de terrorismo.

Desde el Grupo Mixto, Joan Tardà, de ERC, se remitió a la letra de una canción de La Polla Records para alertar de que con esta reforma “el que proteste será un criminal, y cualquiera que se resista aterrorista será”. Se mostró de acuerdo con Amnistía Internacional en que el respeto a los derechos humanos no es un obstáculo para garantizar la seguridad, sino que, por el contrario, es el camino para asegurarla.

Reconoció la necesidad de combatir el terrorismo yihadista, pero aseguró también que esa violencia no existiría si la población mundial tuviera acceso a cosas básicas como la alimentación, a la vivienda, al agua y a la educación, y criticó que PP y PSOE no quieran entrar a debatir esas causas últimas del terrorismo.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, lamentó que el PP haya conseguido atraer al PSOE a un debate que supone “una falacia” sobre si la seguridad debe primar sobre la libertad. En la misma línea se expresaron Olaia Fernández Davila, del BNG, y Joan Baldoví, de Compromís-Equo. Por su parte, Carlos Salvador, de UPN, uno de los firmantes del acuerdo junto con PP, PSOE, Foro Asturias y Coalición Canaria, insistió en la necesidad de un marco jurídico que responda a esas nuevas formas de terrorismo.