La querella interpuesta por la asociación Pro Justicia Siglo XXI formula un presunto delito contra la Hacienda Pública. Según el escrito, Monedero, catedrático a tiempo completo y de forma exclusiva de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, habría realizado trabajos de consultoría política para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, consistentes en realizar un informe para estos países sobre la posible creación de una unidad monetaria en Latinoamérica, sin que la universidad tuviera constancia de estos hechos, aun cuando el contrato con ésta le prohíbe expresamente la realización de cualquier otro trabajo remunerado conforme a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Para realizar otros trabajos, Monedero debería haber requerido el permiso previo de compatibilidad, que se concede por el Ministerio de Presidencia previo informe del rector y que no solicitó en 2010 cuando se le encargaron los trabajos a título particular como persona física, aunque sí lo ha solicitado recientemente, según indica el querellante.

Por otro lado, el querellado creó una sociedad llamada 'Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones S.L.'. como socio y administrador único con un capital social de 3.000 euros según figura en el Registro Mercantil de Madrid y a través de la cual Monedero facturó 425.150 euros por los trabajos realizados en 2010, de los cuales pagó 70.157 a la Hacienda Pública Española y que debería haber tributado como persona física con una cantidad superior a 200.000 euros.

Además, ante las noticias en las que diversos medios de comunicación daban a conocer esta información, Monedero realizó en enero de 2015 una declaración complementaria ante la Agencia Tributaria.

Por todo esto, la querella concluye que Monedero ha realizado un trabajo por el que cobró 425.150 euros sin la autorización pertinente de la universidad, que le ha pagado su salario a tiempo completo, mientras realizaba un trabajo "extra" utilizando los medios que a su alcance pone la universidad, sin pagar a dicha universidad por ello según se establece legalmente, y años después de realizar el trabajo creó una sociedad exclusivamente para la facturación del trabajo, cuando debería haberlo facturado como persona física, sociedad de la que es propietario del 100% de las participaciones sociales y que a fecha de constitución de la misma tampoco podría tener.