En un comunicado, la organización señala que los recientes ceses en la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) son “un claro indicio de tensiones en el seno de la empresa pública”. “Los cargos de las empresas cesadas, el director de administración y el responsable jurídico, indican presiones para acelerar el proceso de adjudicación”, añade.

Ecologistas en Acción afirma que el Consejo de Seguridad Nuclear recibió la semana pasada las respuestas a su petición de información adicional con respecto a la construcción del cementerio nuclear, que técnicamente se conoce como Almacén Temporal Centralizado (ATC).

A este respecto, destaca que los expertos nucleares necesitan “despejar dudas sobre la idoneidad del terreno” y “sus técnicos decidirán, en función del volumen de información a estudiar, cuándo comunicar si se concede el permiso y, en caso afirmativo, qué condiciones se imponen a la obra”.

Para Ecologistas, “la lógica apunta a que sería necesario esperar la comunicación del CSN y sus posibles instrucciones adicionales para dar el siguiente paso”. “Es imposible definir el proyecto a nivel técnico y económico antes de conocer las condiciones impuestas a la construcción, pero la realidad va en sentido contrario”, critica.

La organización también explica que la adjudicación de la obra, que asciende a más de 260 millones de euros, “podría perjudicar seriamente a las arcas públicas: si se adjudica el contrato, pero finalmente no se lleva a cabo la construcción del cementerio, la empresa adjudicataria recibiría una cuantiosa indemnización por lucro cesante. Algo parecido a lo ocurrido con la Plataforma Castor recientemente”.

Por todo ello, Ecologistas valora “muy negativamente los últimos movimientos en Enresa” y advierte de que estudia ya las posibles acciones legales en caso de que la adjudicación se lleve a cabo sin el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear.