El portavoz del Grupo Socialista, David Lucas, y el de IU, Ángel Pérez, que apoyó la proposición socialista, rechazaron la nueva ordenanza de licencias, que abre la puerta a la entrada de las entidades privadas colaboradoras en la gestión de las licencias, por considerar que supone la privatización de este servicio, y la creación de la citada agencia, que centralizará las competencias que en esta materia tienen actualmente las juntas de distrito.

Lucas acusó al Gobierno municipal de haber vaciado de competencias a las juntas de distrito en los últimos años, como demuestra que su presupuesto ha pasado de suponer un 22,6% del presupuesto total del Consistorio en 2003 al 12,3% en 2010; y rechazó el modelo de gestión "centralizado y presidencialista" que está imponiendo Gallardón.

A juicio de Lucas, con esta decisión de quitar las competencias sobre licencias a las juntas se las está haciendo responsable de la "operación Guateque". "Nosotros apostamos por la descentralización y por que las juntas de distrito no sean meros convidados de piedra", afirmó.

El delegado de Hacienda, Juan Bravo, rechazó las críticas del portavoz socialista, al que acusó de haber pasado de ser "el ángel vengador de las juntas al ángel de la guarda", al defenderlas de esta manera ahora, cuando su actitud no ha sido la misma en lo relativo a la "operación Guateque".

Bravo reiteró que la nueva ordenanza sobre gestión de licencias va en la línea de las modificaciones que se están adoptando en la normativa española y europea, y negó que se haya vaciado a una área de Gobierno, la de Hacienda, en favor de otra, la de Vicealcaldía, de la que depende la Agencia de Gestión de Licencias.

ACTO DE MISERICORDIA

El responsable de Hacienda dijo esto último respondiendo a Ángel Pérez, quien manifestó que el Gobierno de Gallardón, por externalizar, externaliza hasta dentro de su equipo, al pasar la competencia sobre la gestión y el control de las licencias al departamento de Manuel Cobo.

Pérez cree que la nueva agencia nace por necesidad del proceso de privatización que ha acometido el Consistorio en la gestión de licencias y por un proceso "de dimisión del Gobierno (municipal) de sus funciones".

A su juicio, dejar a las juntas sin competencias en materia de licencias es "un acto supremo de misericordia cristiana" después de haberlas dejado "sin un duro" al recortarlas sus presupuestos.