Cabra de Luna, consejero también del Comité Económico y Social Europeo en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), hizo estas consideraciones durante su intervención en una jornada sobre ‘Protección jurídica de las personas más vulnerables’, que se celebra en el Congreso de los Diputados organizada por la Fundación Aequitas.

El representante de Fundación ONCE moderó una mesa de trabajo titulada ‘Los derechos de las personas con discapacidad’ y allí se refirió a la situación actual de accesibilidad en las ciudades.

Lamentó, en este sentido, que el nuevo programa de trabajo de la Comisión Europea para 2015, dado a conocer la semana pasada, “no incluya claramente la tan anunciada y esperada Acta Europea de Accesibilidad”, que contribuiría a reducir problemas como el de la “invisibilidad” de los ciudadanos que no pueden salir de sus domicilios por la falta de accesibilidad en los inmuebles.

Cabra de Luna repasó los deberes pendientes de España en cuanto a las personas con discapacidad y se refirió a la “necesaria reforma” de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil para la adecuación del procedimiento de modificación de la capacidad de obrar al artículo 12 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

EN DESVENTAJA SOCIAL

Por otra parte, el moderador de la mesa aludió a la situación de desventaja social en la que se encuentran siempre grupos poblacionales vulnerables como el de las personas con discapacidad, si bien señaló que esta desventaja es más notable con la crisis.

“La evolución demográfica y los cambios que se están produciendo en las estructuras familiares debilitan las redes de solidaridad tradicionales y afectan negativamente a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”, afirmó.

Según dijo, la situación de desventaja que afecta a segmentos como el de los jóvenes, mujeres o personas mayores se multiplica por uno y medio y a veces por dos en el caso de los mismos grupos de ciudadanos con discapacidad, que ven cómo en su caso aumenta la pobreza, la desigualdad económica y la soledad más que entre el resto de la población.

En esta línea, indicó que el 70% de las personas que tienen certificado de discapacidad entre los 16 y los 64 años no nacieron con esa discapacidad, sino que les sobrevino posteriormente, lo que significa, dijo, que “la discapacidad es algo que puede afectar a cualquiera en cualquier momento” de la vida.

Del total de personas con discapacidad sobrevenida en edad laboral, prosiguió Cabra de Luna, solo el 44% se reincorporan al mundo laboral tras declarárseles la discapacidad, lo que plantea el reto de evitar que los ciudadanos que se enfrentan a una discapacidad sobrevenida tengan además que abandonar el empleo remunerado que tenían, aunque dispongan de una pensión pública.

Por todo ello, el representante de Fundación ONCE apostó por impulsar “un cambio en positivo” de esta situación, tanto desde las administraciones como desde el propio sector de las personas con discapacidad.

Porque, apuntó el también representante de Cepes y de Fundación Aequitas, las personas con discapacidad tienen, además de un problema de paro, otro de inactividad, por lo que reducir la brecha entre la tasa de actividad de este colectivo y el resto de la sociedad es algo muy necesario y un reto estructural.

Para ello, finalizó su intervención Miguel Ángel Cabra de Luna, hay que aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, como el teletrabajo, y sacarle partido a la I+D+i.