Soraya Rodríguez defendió la proposición de ley en la que el PSOE pedía derogar la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se modificó esa jurisdicción para reponer la situación anterior y que esa jurisdicción siga siendo efectiva en España.

Denunció que esa reforma representa “un retroceso inadmisible” en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y contra la impunidad por los crímenes más graves contra la humanidad.

Aseguró que esa reforma es “claramente inconstitucional” por vulneración de la tutela judicial efectiva, del principio de seguridad jurídica y del de igualdad. El consenso internacional sobre la necesidad de perseguir y castigar esos crímenes, sentenció, es “una conquista irrenunciable”.

Denunció además que cuanto más grave es el delito, más obstáculos y más condiciones se han impuesto para su persecución, y en el caso de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, o de delitos contra bienes y personas en conflictos armados, solo se podrán perseguir si el presunto autor es de nacionalidad española o reside habitualmente en España. Si no, aunque la víctima sí sea española, “es imposible acudir a los tribunales españoles y abrir un procedimiento contra los culpables”.

En el caso de los delitos de violencia de género o contra la integridad sexual, trata de seres humanos o mutilaciones genitales, se exige la presentación de querella por parte de la víctima o del Ministerio Público, explicó, sin posibilidad de hacerlo por denuncia o acción popular.

Soraya Rodríguez subrayó como prueba de la inseguridad jurídica generada con esa reforma la excarcelación de varios presuntos narcotraficantes acusados de “gravísimos delitos”.

En nombre de CiU, Jordi Jané respaldó la iniciativa “por coherencia” con su posición esta legislatura y la anterior, para “desandar lo que se ha andado” en la última reforma y volver “al punto de partida” de la que se hizo en 2009, “improvisada, apresurada”, pero con la que se llegó a “un punto de equilibrio y de consenso”.

Gaspar Llamazares, del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, anunció un respaldo “a regañadientes” para debatir pero no para legitimar como punto de partida la reforma de 2009.

Dio la razón al PSOE en que la reforma del PP fue “torticera” para eludir los controles de los órganos consultivos y en la práctica ha supuesto “la derogación” de la jurisdicción penal internacional, pero denunció que en 2009 ya se introdujo una restricción mediante una reforma igualmente “torticera”. En aquel momento no era China, aseguró, sino Israel.

A China señaló también la portavoz de UPyD, Irene Lozano, como “tiranía” a la que “incomodaba especialmente” esa jurisdicción, cuyo ejercicio supone “incomodidades diplomáticas”. El debate de fondo, alertó, es si China “nos va a imponer sus estándares” en cuanto a tratamiento de los Derechos Humanos o los países democráticos consiguen que sea ella quien “se contagie” de su respeto.

Aquella reforma, denunció, supuso tomar partido en ese debate “de parte de una tiranía” y contribuir con ello a la impunidad de los crímenes contra esos Derechos Humanos.

En nombre del PNV, Emilio Olabarría respaldó la inicitiva porque es “un avance sobre el retroceso” que supuso la última reforma, pero advirtió al PSOE de que sus dirigentes “no están cargados de legitimidad” para defenderla, porque permitió excepciones en su aplicación que dejan “en papel mojado” el concepto de jurisdicción universal.

La iniciativa fue respaldada también por la portavoz del BNG, Olaia Fernández, mientras que el de ERC, Joan Tardà, anunció que los diputados de su formación no participarían en la votación debido a la “gran indignación” que tienen con los socialistas.

Fue el PSOE, aseguró, quien en 2009 y de acuerdo con el PP empezó a “cargarse” la jurisdicción universal “alarmados” por casos como el de Pinochet o el de Scilingo, y considerando que la democracia española había ido “demasiado lejos”.

Tardà hizo mención a una reunión de parlamentarios y asociaciones en defensa de la causa abierta en Argentina contra represores franquistas, en la que faltaba el PSOE. Los diputados socialistas protestaron desde sus escaños y el portavoz de ERC les emplazó a decir “lo que queráis, pero no tenéis perdón” porque en dos legislaturas gobernando no se reconoció jurídicamente a las víctimas de esos crímenes. Acusó al PSOE de “ofender” a esas víctimas y de estar “saboteando, dinamitando” junto al PP esa causa en Argentina.

Sabino Cuadra, de Amaiur, aseguró que España es ya “puerto seguro para muchos criminales” y que muchos genocidas “se pasean” por sus calles gracias a leyes aprobadas por el PP y también por el PSOE, por ejemplo, represores “tapados tranquilamente” con el paraguas que ofreció la ley de amnistía. “Ya basta de mirar para otro lado”, espetó.

José Miguel Castillo, del PP, aseguró que esa reforma permitió adaptar la legislación española al Derecho comparado, y dijo además a Soraya Rodríguez que el auto al que se había referido sobre excarcelación de narcotraficantes fue revocado por el Tribunal Supremo.

Consideró “incorrecto” decir que esa reforma limita la persecución de los delitos de violencia de género, una afirmación que “no puede sostenerse por mucho empeño que le pongan”.

Mantener esa ley como estaba, aseguró, suponía permitir que la jurisdicción española se convirtiera en “subsidiaria” de la Corte Penal Internacional.