Esta nueva norma, impulsada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende actualizar y ordenar el marco jurídico vigente sobre protección civil. Además, incorpora los nuevos instrumentos existentes, como son la Unidad Militar de Emergencias (UME), el 112 y los mecanismos nacionales e internacionales, en una materia tan sensible para los ciudadanos como es la protección civil.

Interior explicó que, cuando esta ley sea aprobada por el Parlamento, “España contará con uno de los Sistemas de Protección Civil mejor ordenados y más avanzados”.

Entre otras novedades, la nueva ley establecerá el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias propias de la Administración General del Estado.

Otras mejoras son que se amplía el marco de actuación y competencias de la Comisión Nacional de Protección Civil y se reconoce por ley que las entidades locales sean miembros de pleno derecho de este órgano, que hasta ahora asistían a sus reuniones, con voz pero sin voto.

“EMERGENCIAS EXTRAORDINARIAS”

A este respecto, se establece la posibilidad de colaboración entre la Escuela Nacional de Protección Civil y las escuelas autonómicas en esta materia, y se desarrolla la participación y formación del voluntariado. Interior destacó que en España hay más de 25.000 voluntarios y 2.000 agrupaciones y asociaciones dedicadas a la Protección Civil.

El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz añadió que la futura norma contempla que la protección civil se inscribe en el concepto clásico de seguridad pública y se ha asimilado a “respuesta ante emergencias extraordinarias”. Se busca así diferenciarla con más claridad de los servicios de coordinación de emergencias ordinarias o urgencias, nacidos en la década de los años 90 cuando se implantó el número telefónico europeo de emergencias 112.

Interior explicó que el nuevo texto actualiza el ordenamiento jurídico vigente y lo hace a la luz de la experiencia adquirida desde la promulgación de la ley anterior Ley 2/1985, de 21 de enero, teniendo en cuenta el desarrollo de esta última por otras normas estatales y de las comunidades autónomas.

En este sentido, Interior explicó, que en la redacción de este proyecto de ley, se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a través de la Comisión Nacional de Protección Civil y de Comisión de la Administración Local, respectivamente.

Además, durante estos tres meses, se han atendido otras observaciones presentadas por organismos como Cruz Roja Española, el Colegio Oficial de Geólogos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Consorcio de Compensación de Seguros y el Consejo de Seguridad Nuclear.