Esta fórmula de evaluación por un tercero contempla áreas esenciales como la estrategia y liderazgo; el compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad; la gestión de los recursos humanos; el cumplimiento de la normativa y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los procedimientos de selección y el acceso al empleo, la promoción profesional y la formación.

Manuel Arenilla, director general del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP), ha celebrado la puesta en marcha de este nuevo modelo de certificación, como “un recordatorio de los fines que debe cumplir las administraciones públicas”, ya que constituye, al igual que el propio concepto de responsabilidad social, un reflejo de esta finalidad “de mejorar de manera efectiva la vida de todas las personas, mediante el establecimiento de políticas y sistemas de trabajo que permitan su integración en la vida política y social del país”.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Bequal, considera que con la presente certificación para Administraciones Públicas se “cierra un círculo virtuoso” al “trascender la responsabilidad social de la empresa y llegar a lo público”, sector que es quien “puede y debe ejercer el papel de responder ante la sociedad”, por lo que espera “sirva de herramienta” para la evaluación de dicha respuesta y responsabilidad social de las Administraciones Públicas.

Además, José Luis Martinez Donoso, director general de Fundación ONCE, aseguró que la involucración de la Administración Pública en este trabajo por la certificación de la responsabilidad social es un paso crucial “para el desarrollo de grandes políticas trasversales a toda la Administración Pública”.

Marta Val, directora gerente de la Fundación Bequal, señaló por su parte la “capacidad infinita” de las Administraciones Públicas para promover las buenas prácticas en responsabilidad social, cuyos principios legales en ocasiones “no se aplican en su totalidad, o no se pueden aplicar”.

Por último, José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas, considera que la certificación de Bequal “representa la línea que deben seguir las colaboraciones en el futuro”, ya que se trata de una herramienta que supone una “ocasión de repensar la finalidad misma de la organización en cuestión”, ser “más y mejor” institución, y “cumplir la ley más allá de la ley”.

El Modelo de Indicadores Certificable ha sido elaborado en colaboración con la Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas, y ha sido desarrollado por encargo del Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP).

Este nuevo Sello Bequal supone un impulso hacia la inclusión de las personas con discapacidad no sólo como empleados públicos, o como usuarios de servicios, sino como ciudadanos de pleno derecho, según ha puesto de manifiesto Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la Fundación Bequal.

Para su elaboración se ha analizado la normativa existente en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación en todos los niveles legislativos, desde la Constitución Española hasta las normas internas de las administraciones públicas. En cuanto su estructura se ha replicado el modelo desarrollado para las empresas privadas de manera que a futuro se puedan llevar a cabo estudios comparativos de los mismos.

De esta forma, la nueva herramienta de gestión con la que podrán contar las administraciones públicas se compone de 4 bloques, con 6 categorías y 69 fuentes de verificación o indicadores. En concreto los bloques son Gobernanza; Igualdad de Oportunidades y no discriminación; Acción Positiva; y Criterios Libres a propuesta de las propias entidades.