Tras manifestar que hay 30 días para presentar alegaciones, las mismas fuentes señalaron que esta iniciativa no supondrá coste alguno para la Comunidad de Madrid, que pagará un canon de alrededor de 45 millones de euros, que es lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales distribuidas por Madrid.

La concesión administrativa durará 30 años, pero se empezará a contabilizar desde el día que se adjudiquen las obras, que será a partir de julio, y no desde la entrega de las obras, prevista para cuatro años después, como se hace habitualmente.

En el proyecto se señala que la Comunidad tendrá cuatro años de carencia, ya que no empezará a pagarlo hasta julio de 2019, con lo cual el pago del canon de alrededor de 45 millones de euros a la concesionaria será lineal durante 26 años y no durante 30 años, que es el verdadero periodo de la concesión.

La retribución al concesionario estará condicionada al grado efectivo de disponibilidad y calidad de los servicios prestados.

Pasado el periodo de concesión, sin coste para el erario público, los edificios de la Ciudad de la Justicia revertirán en la Comunidad de Madrid.

La construcción de este gigante judicial, que abarcará 200.000 metros cuadrados más otros 60.000 metros para explotación de infraestructuras y servicios (restauración, comercios, aparcamientos, etc.), generará un fuerte impacto económico en la región, según las mismas fuentes: se incrementará el PIB, al menos, una décima sólo durante cada uno de los cuatros años que dure la construcción del complejo con mejora de la producción anual de 282,5 millones, unas ganancias de actividad de 118 millones y creación de más de 2.200 puestos de trabajo.

Este crecimiento es inicial, ya que tanto los puestos de trabajo como la actividad económica se multiplicarán exponencialmente cuando el complejo entre en funcionamiento, según estimaciones del Gobierno regional, que espera que cada día pasen por la Ciudad de la Justicia más de 25.000 personas, entre ciudadanos y profesionales del sector.

Desde el punto de vista de servicio público, la Ciudad de la Justicia mejorará la eficacia judicial ya que, según las previsiones del Gobierno regional, se incrementará en un mínimo del 20% la agilidad de la justicia por el ahorro directo de tiempo en desplazamientos y en traslados de expedientes, entre otros.

Señalaron que “cuanto más ágil sea la Justicia más se dinamiza el comercio, la seguridad jurídica y, en definitiva, el empleo y la actividad económica de la región”.

Manifestaron que la combinación de ambos efectos supondrá un incremento de 3.997 millones de euros durante los próximos 30 años, un crecimiento estructural del PIB adicional en alrededor de un 1.1% con una mejora de la actividad económica de 1.932 millones de euros y la creación de 40.800 empleos, más de 9.000 de elevada cualificación

La Ciudad de la Justicia de Madrid está ubicada en el Parque de Valdebebas, junto al recinto ferial de IFEMA y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Su entrada en funcionamiento supondrá un revulsivo para los desarrollos urbanísticos proyectados en las zonas norte y este de la capital, ya que aportará servicios complementarios como comercios, restauración, zonas ajardinadas abiertas, transportes o parking, de los también se beneficiarán los vecinos y usuarios de estas zonas en las que hay proyectadas más de 100.000 viviendas.

La Ciudad de la Justicia agrupará en sus más de 200.000 metros cuadrados los 356 órganos judiciales del Partido Judicial de Madrid que ahora están dispersos en 28 edificios de Madrid y a los 554 jueces y magistrados, 202 fiscales, 362 secretarios judiciales, a más de 5.000 personas al servicio de la administración de justicia, a más 42.000 abogados del Colegio de Abogados y 1.719 procuradores, además de a los ciudadanos.

El proyecto contempla la construcción de un primer bloque penal que albergará los juzgados de lo penal, incluyendo el Juzgado de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas los 365 días al año; juzgados de instrucción; secciones penales de la Audiencia Provincial; Vigilancia Penitenciaria; Violencia sobre la Mujer; juzgados de Menores, y Fiscalía.

El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), juzgados de lo Mercantil y sección mercantil de la Audiencia Provincial (AP), juzgados de los Contencioso Administrativo, Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil.

El tercer bloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM.

A estos hay que sumar el Instituto de Medicina Legal (IML), ya construido en el inmueble popularmente conocido como “el rosco”.