Así lo defendió ante el Foro Cinco Días, en el que abogó también por gobernar con apoyos externos de otros partidos, sin descartar ninguno, y sobre la convicción de que la situación actual requiere “políticos innovadores” que aporten “creatividad”, “que no den lecciones sino explicaciones”.

Aseguró que el proyecto del PSOE “no es contra nadie” sino en defensa de unos ideales, como la igualdad y el progreso, que son compartidos por la mayoría de la sociedad española.

Expuso su programa económico a partir de tres cifras “que nos preocupan”: el 100% del PIB de deuda pública, el 100% de endeudamiento neto exterior y el 25% de tasa de desempleo, que conforman “un corsé que cada día aprieta más” a la economía.

En ese escenario, denunció la estrategia del Gobierno, basada en la devaluación salarial para intentar con ello ganar competitividad, algo que “no es sostenible” económica ni socialmente, porque no estimula la demanda interna y porque genera mayor desigualdad.

Alertó de que España necesita crecer más pero también “de forma diferente” para corregir sus males estructurales, y para ello defiende “la democratización de la economía”, garantizando la participación de personas y empresas, derribando barreras a la competencia y fomentando valores como el mérito, el esfuerzo, o la creatividad por encima de los contactos con la administración o los recursos privados, dejando atrás el “capitalismo de amiguetes”.

Propuso elevar salarios, cerrar un pacto de rentas, revisar el Estatuto de los Trabajadores, incentivar fiscalmente el emprendimiento, acometer políticas de reindustrialización, planficiar a largo plazo la política energética apostando por el ahorro y la eficiencia, y aprobar una reforma fiscal de fondo.

En ese sentido, apostó por reducir a la mitad en cinco años el fraude fiscal, estimado en unos 60.000 millones anuales, y lanzó un llamamiento a la “conciencia fiscal” de los grandes patrimonios y las grandes corporaciones, a las que advirtió de que “no puede haber responsabilidad social si no hay responsabilidad fiscal”.

Precisó que no es partidario de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales porque no cree en la devaluación salarial ni en elevar los costes laborales, pero sí de elevar los salarios para aumentar la capacidad de consumo. También de que el BCE se implique en la devaluación exterior del euro para que esa devaluación no tenga que ser interna, vía salarios.

Defendió también la vuelta al consenso anterior sobre pensiones, con un sistema que permita de nuevo aumentar las mínimas en mayor proporción que las demás, y por el aumento de la edad de jubilación de forma transitoria hasta los 67 años. Se mostró dispuesto, en ese punto, a rebajar las cotizaciones buscando vías alternativas de financiación.

Pedro Sánchez insistió en que su intención respecto del artículo 135 de la Constitución no es derogarlo sino “completarlo”. “No renunciamos al principio de estabilidad presupuestaria”, aseguró, ni tampoco cuestiona el pago de los intereses de la deuda, porque “somos un país serio”.

Lo que pretende, explicó, es blindar también la financiación de los derechos básicos que pretende incluir expresamente en la Constitución, para protegerlos de posibles intentos de privatización.

Cree que aquel acuerdo protegía a España de un rescate en un momento “muy convulso” y por eso lo respaldó, pero tres años después considera que el PSOE tiene “el derecho y el deber” de aprender de sus errores y acometer esa reforma “con debate público” y con el voto de los ciudadanos.