Posteriormente se ha ampliado esta denuncia al conocerse los testimonios de varias de las niñas secuestradas por Boko Haram contenidos en el informe publicado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, así como los contactos mantenidos entre Reino Unido y España tras las amenazas yihadistas contra los buques petroleros que atraviesan la zona oriental del Mediterráneo.

Baltasar Garzón, presidente de Fibgar, interpuso la denuncia el pasado 24 de octubre ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra Abubakar Shekau, como líder del grupo islamista Boko Haram, así como contra los demás miembros de dicha organización terrorista por la comisión de delitos de terrorismo, genocidio y/o de lesa humanidad. Entre las actividades de esta fundación figura el ejercicio de acciones con base al principio de jurisdicción universal.

En la denuncia se realiza una descripción de la organización terrorista recordando cómo “Abubakar Shekau expresó la solidaridad de Boko Haram con los afiliados de Al Qaeda en Afganistán, Irak, África del Norte, Somalia y Yemen; y alentó a otros grupos yihadistas para que sigan participando en los ataques terroristas. En este sentido, la organización Estado Islámico secuestró en septiembre de 2013 en Siria a los periodistas españoles Marc Marginedas, Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova”.

“El principal objetivo de esta organización es el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria, fin coincidente con el de Al Qaeda, el del Estado Islámico (ISIS), Al Qaeda en el Magreb Islámico y la escisión del mismo, los Soldados del Califato, cuya acción terrorista ha sido y está siendo respectivamente de incidencia en España, Gran Bretaña, Bélgica, otros países de Europa y Estados Unidos, y ha sido reiteradamente investigada en nuestro país, siendo éste uno de los elementos o conexiones que deberán tenerse en cuenta en la investigación que se propone”, continúa el escrito.

Añade que “nos encontramos en presencia de una organización terrorista internacional con potencialidad para actuar por sí, o en unión con otras organizaciones del mismo sesgo u objetivos en cualquier país del mundo y por ende en España, lo que obliga a la jurisdicción española a investigar los hechos denunciados y a la propia organización y, en todo caso, a prestar por vía de cooperación jurídica internacional todo el apoyo que sea necesario o requieran las autoridades nigerianas”.

Además, la denuncia enumera la larga lista de ataques de Boko Haram contra la población civil, y el secuestro de más de 200 niñas en un colegio católico en abril de 2014.

Entre las diligencias solicitadas figuran la petición de informes por parte de la Fiscalía sobre posibles procedimientos penales que se estén realizando en el marco de la UE o de los que se hayan podido llevar a cabo sobre Boko Haram por parte de Naciones Unidas, así como que posteriormente, de incoarse causa judicial, se promueva la correspondiente orden de detención internacional contra los denunciados y quienes fueran responsables, así como el informe de las entidades financieras nacionales e internacionales sobre los recursos económicos de la organización terrorista.