En un informe de 28 páginas, hecho público este jueves, AI concluye que con la aprobación “exprés” de la Ley Orgánica 1/2014, el pasado mes de marzo, se incumplen diversas normativas y tratados internacionales aprobados y ratificados por España, que obligan a investigar los crímenes de derechos internacional.

En este sentido, apunta que esta reforma legislativa “obstaculiza gravemente el acceso a la justicia española para las víctimas de los crímenes más graves, como genocidio, crímenes de guerra o tortura”.

Además, señala que España se aparta de la tendencia mundial de perseguir estos crímenes, puesto que un total de 163 Estados (más del 80%) tienen una legislación que les permite aplicar el principio de jurisdicción universal respecto a uno o más crímenes de derecho internacional o delitos ordinarios tipificados en el derecho nacional.

Asimismo, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los jueces en España para que no apliquen las disposiciones de la ley orgánica que contradicen el derecho internacional y hagan valer el principio de jurisdicción universal, vigente por encima de cualquier ley nacional.

En opinión de AI, los jueves deberían en primer lugar aplicar los tratados internacionales de los que España es parte para perseguir los crímenes de derecho internacional, entre los que destacan la Convención contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra.

“FARO DE ESPERANZA”

“Hace 16 años, España era un faro de esperanza para miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en América Latina y en otras regiones. Hoy, camina en contramano de la tendencia mundial de reconocer el principio de jurisdicción universal en sus legislaciones”, aseguró Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional en España.

Para Amnistía Internacional, la última reforma de la jurisdicción universal es “un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, al impedir que algunas de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas fuera de España puedan ser investigadas en tribunales españoles”.

“La reforma llevada a cabo en España es un retroceso sustancial en la obligación de investigar, perseguir y sancionar las más graves violaciones de derechos humanos. Además, viola expresamente obligaciones contraídas por España”, explicó Jovtis.

Amnistía Internacional explica que el principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto.

Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. Bajo el principio de jurisdicción universal, el deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables. Sin embargo, Amnistía recalca que la última reforma limita “fuertemente” la labor de los jueces españoles.

De esta forma, la facultad para investigar crímenes de derecho internacional cometidos fuera de España queda restringida a delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando el presunto autor es español o extranjero residiendo en España o cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas, y en los delitos de tortura y desaparición forzosa cuando el supuesto autor es español o que la víctima sea de nacionalidad española en el momento de la comisión del delito, y que el presunto autor esté en territorio español en el momento en el que el juez investigue los hechos.