Esta norma reconoce, además, una compensación de 1.350 millones a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que será asumida por Enagás para posteriormente ser retribuida durante 30 años por el sistema gasista.

El texto salió adelante por 179 votos a favor del PP y el diputado de UPN, 145 en contra y una abstención (Foro Asturias). Además, el Pleno rechazó que se tramitara como proyecto de ley.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió que la solución del Gobierno ante el problema generado por el almacén de gas Castor busca el “interés general y la seguridad de las personas, bienes y del medio ambiente”, para dejar claro que “amarra la posible responsabilidad” de la empresa concesionaria.

Soria explicó que el problema radica en un decreto del Gobierno del PSOE de 2008, en el que se recoge que la renuncia a la concesión de Castor era un “derecho” y que se compensaría a las empresas en ese caso, “aunque haya actuado con dolo y negligencia”, por lo que el Ejecutivo tiene que “cumplirlo”.

Pese a ello, con la norma que ha presentado ahora el Gobierno “deja bien claro que esa compensación no va a extinguir la responsabilidad del concesionario y de sus accionistas, que en su caso deban afrontar, por su gestión en el proyecto si así se derivara con el paso del tiempo”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El diputado del PSOE José Segura criticó la propuesta del Gobierno y preguntó por el coste que supondrá la hibernación del almacén. Además, aunque reconoció la “corresponsabilidad” de su grupo con el problema, dijo que hay “muchos aspectos” que no comparten y pidió al PP que “sean generosos y demócratas” y posibiliten la tramitación de la norma como proyecto de ley.

Para CiU, según explicó Jordi Jané, había suficientes “luces de alarma de los riesgos técnicos del proyecto” que se obviaron y que hace que ahora los consumidores de gas tengan que “pagar en su factura las improvisaciones” de un “proyecto fallido”.

El portavoz de La Izquierda Plural en el debate, Joan Coscubiela, tildó de “escándalo” la compensación de 1.350 millones de euros y dijo que la norma es el “rescate de Florentino Perez”. Además, denunció que busca “tapar” el desastre de un proyecto que “no era necesario ni viable”.

Según el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, con el este decreto el Gobierno vuelve a defender el “gran negocio que supone rescatar”. Además, dijo que Castor es un ejemplo del “capitalismo de amiguetes” practicado tanto por gobiernos del PP como del PSOE y que pasa por “garantizar con cargo a presupuestos negocios de riesgos de amigos”. Desde las filas del PNV, Pedro Azpiazu lamentó que el Gobierno pida apoyos para “pasar la factura del desastre de Castor al conjunto de los consumidores”. “Los ciudadanos no deben ser los paganos de los errores administrativos o de las empresas”, agregó.

Para el diputado de ERC Joan Tardà, el decreto “no responde al interés general” porque llega tarde y “no incorpora reparaciones para las personas afectadas de la zona”. “Responde sólo al interés, urgencia y necesidad de Florentino Pérez, máximo accionista de ACS”, denunció.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, afirmó que el decreto es una “historia de piratería” porque es un “saqueo organizado”, además de un “insulto a la ciudadanía” y un reconocimiento de que las autoridades “velan más por los intereses de las grandes empresas que de las personas”.

Por su parte, el diputado del PP Guillermo Mariscal defendió la propuesta del Gobierno e hizo alusión a “cierta mala conciencia” del resto de grupos parlamentarios al considerarlos “corresponsables de la situación, por acción y omisión”, ya que permitieron en 2008 al Gobierno del PSOE, que no tenía mayoría en la Cámara, sacar adelante el decreto de la concesión de Castor.