Catalá se refirió a este asunto en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde esta tarde compareció para explicar sus líneas de actuación en el Ministerio tras sustituir en el cargo a Alberto Ruiz-Gallardón.

Durante el turno de réplica a los portavoces parlamentarios, que le pidieron la retirada de la prisión permanente revisable, el ministro dijo que cree “firmemente” en la legalidad de esta medida, que figura en la reforma del Código Penal planteada por Alberto Ruiz-Gallardón y que se encuentra ya tramitando en el Congreso.

No obstante, Catalá dijo que esta valoración suya sobre la prisión permanente revisable es una “declaración inicial”, ya que “a partir de ahí, como en otros tantos temas, tendremos que valorar el grado de consenso que esto puede generar en los grupos parlamentarios”. En este sentido, llamó a los grupos políticos a que “valoremos si lo llevamos adelante o decaemos”, en referencia a la posibilidad de mantener en prisión a peligrosos delincuentes, como terroristas o violadores, si se considera que siguen siendo una amenaza para la sociedad.

HACER “RENUNCIAS”

El responsable de Justicia destacó, también refiriéndose al consenso sobre la prisión permanente revisable, que su idea es que los “planteamientos dogmáticos y apriorísticos” deben ser los “justos” y “los justos son más bien casi ninguno”. Añadió que tendrá “máxima flexibilidad” con los partidos tanto sobre este asunto como sobre el resto.

En esta línea, incidió en que cuando pide “diálogo, participación y consenso” a la oposición “también lo tenemos que ofrecer nosotros y tendremos que hacer renuncias cuando estamos pidiendo renuncias del resto de los grupos parlamentarios”.

En esta línea, Catalá dijo que quiere, como planteó Gallardón, introducir reformas en el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sostuvo que quiere “acotar” la “ambición” de los cambios inicialmente planteados respecto a estas normas.

Por este motivo, en lo que se refiere al Código Penal, hizo un llamamiento a los partidos a hacer un “esfuerzo importante” de identificación de tipos que pueden cambiarse. Destacó que podrían reformarse unos “pocos artículos” sobre los que exista consenso.

CALENDARIO REALISTA

Sobre el resto de reformas, el ministro dijo que quiere fijar un “calendario realista, posibilista” respecto a las reformas que llevará al Congreso. No obstante, anunció que de forma inminente llevará a la Cámara Baja una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otra referida a la custodia compartida.

Por su parte, los portavoces de PNV, Emilio Olabarria, y de CiU, Jordi Jane, reclamaron la retirada de la Ley de Tasas y no sólo su reforma, al tiempo que estos diputados nacionalistas también pidieron que el Gobierno renuncie a seguir tramitando la nueva Ley de Justicia Gratuita.

A su vez, Rosa Aguilar, en nombre del PSOE, dijo que su partido está dispuesto “al consenso” si el Gobierno cambia el “tono” respecto a su política judicial y rechaza a la pretensión que tenía Gallardón de “cambiar el modelo” existente en España en esta materia.

Aguilar emplazó a que la rectificación respecto a la línea seguida por el anterior titular de Justicia no sea sólo una “política de maquillaje”, sino que se plasme en un “frenazo radical al viaje al pasado” que, a juicio de los socialistas, había iniciado el PP tras su regreso al poder en 2011.