El texto, ya en vigor aunque debe ser ratificado por el Comité Federal, establece que cualquier cargo cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal “dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Los candidatos, antes de acceder a cualquier responsabilidad derivada de su elección, deberán firmar una declaración en la que afirmen no haber incurrido en delito alguno ligado a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves”.

En el caso de abrirse juicio oral por ese tipo de delitos, la suspensión cautelar y, en su caso la expulsión, se adoptará también respecto de los militantes de base, aunque no ejerzan cargo alguno.

En caso de ser imputados, deberán informar a la dirección para que se puedan tomar las medidas estatutarias oportunas. Cuando sean absueltos por sentencia firme de los delitos que habían sido imputados en un procedimiento penal, el partido se compromete a tomar medidas para restablecer el buen hombre y el honor de esa persona.

Ningún cargo público ni orgánico podrá aceptar regalos, en efectivo o en especie, favores o servicios procedentes de personas fisicas o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con su actividad, cuyo valor supere los 60 euros. Además, no podrán acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa superando los 100 euros anuales.

Cuando ese valor sea superado, los regalos deberán ser rechazados o devueltos en un plazo máximo de cinco días, y si eso no es posible deberán ser integrados en el patrimonio de la administración o donado a una entidad sin ánimo de lucro. En todo caso, los obsequios deberán plasmarse en un registro custodiado por gerencia del partido.

Los cargos socialistas se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de otros cargos condenados por esos delitos graves que especifica el Código Ético, y a no pedirlo para sí mismos.

Los ex presidentes del Gobierno, de ámbito estatal o autonómico, que ejerzan “actividad profesional continuada y retribuida” desligada de su condición de ex presidente, renunciarán automáticamente a los beneficios y percepciones de cualquier tipo inherentes a su condición como tales.

En este caso, el PSOE precisa que esta medida no tiene carácter retroactivo, por lo que, en el caso de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, su aplicación dependería de su propia voluntad.

El Código prima el empleo de las tarifas “más económicas” para los desplazamientos que corran a cargo de las arcas públicas o del partido, y limita los gastos de representación a los 600 euros semanales o 1.500 mensuales. En caso de ser superiores, deberán ser comunicados y autorizados previamente por la dirección del ámbito correspondiente, en su caso con la abstención del afectado.

Ese Código se aplicar a los cargos públicos elegidos en las candidaturas del PSOE; a los designados a propuesta de esos electos; al personal eventual contratado a propuesta del partido; a sus miembros en organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, consorcios o corporaciones de carácter público, así como cualquier otra entidad que pudiera constituirse con participación pública; a todos los integrantes de las direcciones en todos los ámbitos; y a los militantes.

Todos ellos, dice el propio código, recibirán una copia del mismo y deberán firmar una declaración de adhesión, aunque en el caso de los militantes que no ocupen cargo orgánico ni público esa adhesión será voluntaria.

Obliga a los cargos a desempeñar sus funciones “con austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación al servicio público y del partido”. Por ello, los parlamentarios en Cortes Generales “habrán de renunciar al ejercicio profesional de actividades privadas” y las relacionadas con la actividad política que puedan ser autorizadas no reportarán “ningún tipo de asignación económica o retribución”.

Quienes reciban retribuciones públicas se comprometen a no recibir complementos del partido, y se establecen los plazos para presentar el certificado fiscal para comprobar la variación del patrimonio de quienes han ejercido un cargo público.