Así lo anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que la norma da una solución a la “compleja solución técnica” del amacén.

En concreto, se adopta la hibernación de las instalaciones del proyecto Castor, por lo que queda prohibido realizar “cualquier extracción o inyección de gas en el almacenamiento”, al tiempo que se extingue la concesión que tenía la empresa Escal aceptando su renuncia presentada el pasado mes de junio.

Escal, sociedad participada en un 67% por el grupo ACS y en un 33% por la firma CLP, renunció a la concesión de explotación del proyecto, que permanecía paralizado desde el 26 de septiembre de 2013 por orden ministerial después de que se detectara un incremento de los movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta.

No obstante, Sáenz de Santamaría explicó que se podrá “en su caso” poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejan, o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en “condiciones de seguridad”. “La seguridad y protección del medio ambiente son elementos clave”, añadió.

1.350 MILLONES DE COMPENSACIÓN

En cualquier caso, se reconoce a Escal una compensación de 1.350,7 millones de euros que será abonada por Enagás Transporte, y que “va muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI)”. Por este pago, tendrá un derecho de cobro del sistema gasista que le pagará durante un plazo de 30 años, con un primer pago el 25 de abril de 2016.

De esta forma, Enagás Transporte se encargará durante la hibernación de su mantenimiento y operatividad de la realización de los informes técnicos necesarios., y garantizará la seguridad de las instalaciones para las personas, bienes y medioambiente. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.

AHORRO DE 110 MILLONES ANUALES

La vicepresidenta destacó que se trata de una solución que “permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento en caso de haberse puesto en funcionamiento las instalaciones como estaba previsto”.

El ahorro a partir de 2017 se estima en más de 110 millones de euros al año, pasando de costar más de 210 millones de euros anuales a unos 100 millones de euros cada año, según informó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en una nota.

Por otra parte, el real decreto-ley permite la adaptación de la titularidad de las centrales nucleares ante la exigencia de que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica, dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios.

Con esta medida, la titularidad de las centrales nucleares que no se hayan adaptado se entenderá transferida a la entidad que a esa fecha tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación.