En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, se refirió así al desafío planteado por el Parlamento catalán al Constitucional, al designar la junta electoral de la consulta tan sólo un día después de que la Generalitat retirase la campaña institucional sobre el 9-N.

“Es una actuación totalmente ilegal por parte de la Generalitat”, sostuvo el representante de esta asociación judicial, y explicó que al incumplir la decisión del TC “ya han incurrido” en un delito de “desobediencia”, con lo que los responsables se pueden enfrentar a la “inhabilitación para el ejercicio del cargo”.

Según explicó Sexmero, a partir de esta actuación “manifiestamente ilegal” el Ministerio Fiscal o cualquier parte podría poner la denuncia oportuna ante los tribunales ante este delito de desobediencia.

Asimismo, hizo hincapié en que si se utilizaran fondos públicos para la preparación del referéndum “incurrirían en un delito de malversación de caudales públicos”, al causar perjuicio a la economía de Cataluña.