Según aseguró Exteriores, en “aquellos lamentables y condenables hechos” en la delegación diplomática española fallecieron 37 personas, nacionales de ambos países, incluyendo siete funcionarios y empleados públicos de la propia embajada.

Además, el departamento que dirige José Manuel García-Margallo destacó que este ataque de 1980 supuso “una flagrante violación de la inmunidad diplomática de la representación española en Guatemala”.

"MEMORIA" DE LOS FALLECIDOS

Por este motivo, Exteriores mostró su “satisfacción” porque, “aunque haya transcurrido tanto tiempo desde que los hechos ocurrieron, porque la Justicia guatemalteca esté juzgando aquellos hechos, confía en que pueda esclarecerse lo sucedido, condenarse a los eventuales culpables que hayan sido procesados, se dignifique la memoria de los fallecidos y se repare a las víctimas y a sus familiares”.

Por último, el departamento de Margallo concluyó que “el Gobierno de España a través de su Embajada en Guatemala seguirá el desarrollo de este juicio”.