Inmigración. La Diputación de Barcelona afirma que lo decidido en Vic "genera dudas sobre su legalidad y eficacia"
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El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, afirmó hoy que "el papel del Ayuntamiento de Vic históricamente en la forma de afrontar los problemas de convivencia y la incorporación de los inmigrantes ha sido un conjunto de políticas y acciones muy positivas", aunque "ahora el Gobierno municipal está proponiendo una medida que a mí me genera dudas desde el punto de vista de la legalidad y desde la eficacia de la medida, porque hay que tomar medidas que no sólo sirvan para solucionar problemas a corto plazo, sino también a medio y largo plazo".
En declaraciones a los periodistas en la Jornada sobre el futuro del sistema de financiación local en España organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, celebrada en la madrileña Casa de América, añadió que, "respetando la autonomía local, de la que soy el máximo defensor, no es bueno que en Vic ni en Torrejón ni en otros municipios se tomen medidas de este tipo de forma individual".
En este sentido, matizó que "estas acciones es mucho mejor acordarlas y pactarlas con el conjunto del municipalismo y aplicarlas de manera conjunta y no por separado, porque si no, los resultados posiblemente no serán los esperados y puede llegarse a una situación un poco perversa, de que haya una movilidad o una movilización de personas hacia un municipio u otro en función de una interpretación legislativa que no es coincidente".
Preguntado por Servimedia, Fogué señaló que esta medida tomada en Vic en relación al empadronamiento de los inmigrantes 'sin papeles' "no busca sanear el presupuesto municipal, no están pensadas desde esta óptica, sino desde la óptica de afrontar un problema local importante que no sólo pasa en Vic y que tiene que ver con los problemas de convivencia que aparecen cuando hay una población inmigrante importante".
Esto se produce mientras "alguien ajeno al Ayuntamiento o al Gobierno agita o plantaea un discurso excesivamente populista y que llega a la xenofobia", matizó.
Finalmente, comentó que "hay informes del Ayuntamiento, del Gobierno de la Generalitat, de la Delegación del Gobierno en Cataluña y los que pueda hacer la FEMP" sobre este asunto, pero concluyó que "no hay que confundir el informe jurídico con lo que puede ser la voluntad municipal, el informe dice sí o no a la legalidad, y luego (se produce) la recomendación municipal de abordarlo de forma individual o colectiva".
(SERVIMEDIA)
20 Ene 2010
MAG/gja