En declaraciones a Servimedia, el portavoz de FV, Marcelino Sexmero, se refirió así al decreto ya rubricado por el president de la Generalitat para que el próximo 9 de noviembre pueda celebrarse una consulta para preguntar a los catalanes sobre una posible independencia del Estado español.

“Es una ilicitud administrativa”, aseguró Sexmero, al tiempo que subrayó que la firma de este decreto es “ilegal, pero no constituye delito mientras no sea anulado por el Tribunal Constitucional (TC)”.

Según el representante de esta asociación judicial, si Mas persistiera en su intención de celebrar la consulta después de que el Gobierno recurra la ley aprobada por el Parlamento catalán y el decreto de la misma, incurriría en un delito de desobediencia, que está penada con “inhabilitación para ejercer el cargo público”.

PENA DE CÁRCEL

Asimismo, si para celebrar la consulta el president utilizara “vías de fuerza”, como podría ser usar a los Mossos d'Esquadra para facilitar que se lleve a término su propósito, además de desobediencia grave al Gobierno de la nación, cometería un delito de sedición, con lo que podría enfrentarse, incluso, a una pena de prisión de hasta 15 años.

Sexmero explicó que después del recurso que va a presentar el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Constitucional tiene un plazo de 5 meses para pronunciarse. Sin embargo, desde que el Gobierno lleve este asunto al TC, “queda suspendido automáticamente el decreto” y la Generalitat, por lo tanto, “no puede hacer el referéndum” de forma legal.

Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Carta Magna, el portavoz de la FV dijo que se trata de una “decisión política que tiene que tomar o no el Gobierno de acuerdo a las circunstancias”.

En esta línea, Sexmero recordó que el Ejecutivo puede aplicar el mencionado artículo constitucional y llegar a suspender la autonomía catalana en el caso de que el Gobierno catalán “utilizara vías de fuerza para impedir que el referéndum fuera anulado”. Es decir, que sólo se podría llegar a este extremo “en los casos más graves de incumplimiento legal”. “Es la última opción”, añadió este experto.