Tras el acuerdo, el consejero de Hacienda del Gobierno vasco y presidente de este organismo, Ricardo Gatzagaetxebarria, explicó que se ha acordado hacer frente a este sanción "a través de un esfuerzo financiero conjunto" de las Administraciones Públicas del País Vasco.

Así, de esos 30 millones de multa, el Gobierno vasco contribuirá con 21.012.00 euros, con lo que el impacto económico para la Diputaciones es de 8.988.000 euros que se distribuirán en base a los coeficientes horizontales vigentes.

De este modo, Vizcaya abonará 4,57 millones de euros; Guipúzcoa 2,97 millones de euros y Álava con 1,4 millones de euros.

Cuando se conoció la sanción, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas reclamó a la Hacienda vasca el reparto de la misma por diputaciones.

En aquel momento el departamento que dirige Cristóbal Montoro subrayó que "la responsabilidad última de aquellas ayudas, que en su día fueron consideradas ilegales por la Comisión, corresponde a la Hacienda vasca, y será ésta la que tenga que reembolsar a la Administración central el importe de la multa abonada".