Así, ha solicitado el incremento a razón de tres puntos anuales de la tasa de actividad de las personas con discapacidad, así como el aumento progresivo de la cuantía de las pensiones no contributivas por discapacidad para alcanzar, antes de 2014, la del iprem vigente.

Igualmente, el Comité considera fundamental la modificación de la legislación reguladora de estas pensiones “para que sólo se tenga en cuenta, a efectos de determinar el estado de necesidad, la renta individual de la persona con discapacidad, y no la de su familia o entorno”.

Por otra parte, el Cermi insta a la Administración a elevar al 6% la reserva legal de vivienda pública accesible en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación de esta clase de vivienda a entidades del tercer sector no lucrativo de la discapacidad para promover proyectos de vida independiente.

Asimismo, considera fundamental reformar la normativa reguladora de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud para actualizar y ampliar los productos de apoyo para la autonomía personal que se proporcionan a las personas con discapacidad.

Otra de las medidas propuestas es la modificación de la legislación fiscal aplicable a los productos de apoyo a fin de que queden exentos de tributación o sean gravados con los tipos superreducidos (IVA, etc.), en atención al fin social de los mimos.

También solicitan adelantar al año 2012 (ahora fijado en el 2015) el plazo límite para el despliegue efectivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia creado por la Ley de Autonomía Personal, “de modo que todas las posibles personas en situación de dependencia o con necesidades para su autonomía personal, reciban una prestación suficiente acorde con su situación”, aseguró.

Por otra parte, proponen crear en el plano nacional, autonómico y local un auténtico espacio socio-sanitario, con la aprobación de una Ley estatal de Apoyo Integral a las Familias, que aumente y sistematice las ayudas públicas a todo tipo de familias, en la que las situaciones de discapacidad tengan transversalmente una protección reforzada.

De la misma manera defienden el establecimiento en todas las Comunidades Autónomas de una legislación actualizada, de segunda generación, de derechos y servicios sociales, con catálogos precisos de prestaciones, en la que los apoyos para la inclusión social tengan reconocido el carácter de derecho subjetivo, universal, vinculante y exigible.

Además, en la implantación y despliegue de todas estas medidas, así como en el resto de políticas públicas de igualdad e inclusión de las personas con discapacidad, el Cermi considera que “ha de tenerse en cuenta el enfoque de género, con medidas reforzadas de acción positiva en favor de las mujeres con discapacidad que sufren más intensamente los efectos de la pobreza y la inclusión”.