Sexmero apuntó, en declaraciones a Servimedia, que "se ha privilegiado en demasía" la propiedad intelectual, "olvidando que también hay que proteger" otros "derechos fundamentales" como "la libre expresión en Internet".

Recordó que las webs que se lucran con la piratería ya "se vienen cerrando" y que ahora se persigue a las que, sin cobrar por ello, enlazan a las primeras. Esto, a su juicio, "no garantiza suficientemente los derechos y libertades" y "viola lo que empezaba a ser una jurisprudencia": no cerrar una web "cuando no había ánimo de lucro".

Además, el portavoz de la AJFV explicó que la decisión gubernamental "viola la doctrina que siempre ha existido" de dejar la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas a la jurisdicción ordinaria, para atribuírselos a un órgano contencioso-administrativo como la Audiencia Nacional. "El problema", añadió, es que esta jurisdicción "sólo controla la legalidad del acto administrativo" y no va al "trasfondo de la situación", por lo que podría limitarse a constatar que el cierre es legal.

Por eso, Sexmero cree que el Gobierno se ha buscado "un órgano más favorable" al escoger a la Audiencia Nacional, que ha de tener "un criterio único", evitando que, como hasta ahora, muchos jueces se nieguen a cerrar las webs, impidiendo que "la protección de la propiedad intelectual, tal y como la entienden los gestores de los derechos de autor, se ejecutara según sus deseos". Pese a todo, no descarta que los altos magistrados tomen decisiones "distintas a las que se pretenden" y dijo que "hay que confiar" en ellos.

Sobre el potencial incremento de la carga de trabajo que esta nueva atribución supondrá para la Audiencia Nacional, Sexmero cree que "dependerá del número de peticiones de bloqueo de páginas", que, si no es muy elevado, "no va incrementar en exceso" esa carga. No obstante, las 200 webs que la SGAE ya ha denunciado ante el Gobierno, "teniendo en cuenta que el procedimiento es administrativo y que el trámite es de mera audiencia y hay que resolver en cuatro días", sí le parecen "bastantes".

Sexmero concluyó criticando el citado plazo de cuatro días, a su juicio otra muestra de "desproporción", porque la propiedad intelectual "es una propiedad más", para cuya protección, "que nadie discute", se opta por "un sistema de restricción de derechos con trámites muy breves, que lo que busca es el cierre cautelar de la web y obligar a su titular a pleitear ante la justicia; esta vez sí, la ordinaria".