Así consta en una proposición no de ley a la que tuvo acceso Servimedia y que UPyD ha presentado para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados o en comisión parlamentaria.

La iniciativa de UPyD busca que el Gobierno modifique las normas necesarias para que “toda persona que vaya a desempeñar un empleo, cuyo ejercicio implique el contacto regular con menores de edad, no deba poseer antecedentes penales” por abusos y agresiones sexuales a menores.

Así, quiere que “toda persona que desee acceder a un empleo en el que exista un contacto regular con menores de edad deba presentar el Certificado de Antecedentes Penales”, en relación a ese tipo de delitos.

Además, pide que el Gobierno transponga la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 13 de diciembre de 2011 sobre “la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil”.

En la exposición de motivos de su iniciativa, UPyD señala que “la detención de este tipo de delitos es compleja, puesto que los propios miedos del menor a represalias del agresor, así como a la repercusión social que en su entorno puede causar este tipo de sucesos, constituyen barreras para que los menores denuncien este tipo de hechos”.

EJEMPLOS

UPyD recuerda que en Estados Unidos “existe un registro abierto de personas condenadas por delitos relacionados con pederastia y agresiones sexuales a menores”, que puede ser consultado por cualquier ciudadano de Estados Unidos o extranjero.

En el Reino Unido, continúa, existe un registro similar que no es de acceso público generalizado, pero sí permite su consulta a determinados sectores cuyo trabajo está relacionado con menores.

Italia también tiene una serie de “controles a priori sobre los agresores sexuales y pederastas”, explica UPyD, que recuerda la directiva que el Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron en 2011 sobre la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil.

“Los empresarios tienen derecho a ser informados cuando contraten personal para un puesto que implique tales contactos directos y regulares con menores, de las condenas por infracciones sexuales contra menores que consten en los antecedentes penales o de las inhabilitaciones vigentes”, reza la directiva, que es extensiva también a las labores de voluntariado que guarden relación con el cuidado de niños.

“Pese a que existen determinadas profesiones en nuestro país para las que el acceso profesional está legalmente condicionado a que el interesado no posea antecedentes penales o esté inhabilitado por sentencia judicial firme para este tipo de empleo, como puede ser el cuerpo público docente, titulares de centros docentes privados o candidatos para un empleo público en la administración pública, consideramos que estos controles pueden ser mayores”, señala UPyD.