Esta fue una de las conclusiones desveladas este jueves en Madrid por Francisco Lorenzo y Guillermo Fernández, coordinador y técnico, respectivamente, del Equipo de Estudios de Cáritas Española y de Foessa, que avanzaron algunos de los puntos del documento ‘Análisis y perspectivas 2014’, una encuesta que se hará pública el próximo octubre. El trabajo analiza 35 indicadores para establecer los distintos niveles de exclusión.

A pesar de ello, según la organización católica, hay motivos para revertir la situación. De hecho, según Lorenzo, con “prácticamente la mitad” del dinero que sería necesario para rescatar las autopistas (unos 2.600 millones de euros), una cantidad “perfectamente asumible”, se lograría acabar con los hogares que no tienen ingresos en España. “Es el momento de un pacto de Estado contra la pobreza”, lo que ayudaría a las instituciones a recuperar la credibilidad que están perdiendo “credibilidad”.

No obstante, el panorama que radiografía el estudio sigue siendo complicado para muchos ciudadanos, ya que el porcentaje de hogares sin ingresos ha crecido del 2 al 4% en el último trimestre de 2013, por lo que el número de hogares en esa situación ha pasado desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 700.000 a finales de 2013.

La alternativa en este momento, afirmaron desde Cáritas, pasa por apostar por una mejor redestribución de la renta. “Atrevámonos a pensar diferente y obviar algunos indicadores macroeconómicos para pensar en el día a día de las personas”, reclamó Lorenzo, en referencia a la solicitud que Cáritas ha hecho reiteradamente en diversos foros de la administración.

“No hay políticas suficientes”, agregó Francisco Lorenzo, en referencia a las medidas que contribuirían a mejorar la calidad de vida de muchas personas. A este respecto, recordó que, por ejemplo, que exista un 24% de pobreza infantil “es una manifestación de la pobreza familiar”. Para ello, el equipo de estudios de Cáritas y Foessa considera que habría que impulsar más acciones, por ejemplo, enfocadas a niños de 0 a 3 años, becas y otras políticas “para incrementar recursos y reducir los gastos”.

CONCLUSIONES

Durante su intervención, Guillermo Fernández, repasó las conclusiones del trabajo que se presentará en octubre. La primera de ellas es que “el núcleo de la población que no tiene ningún problema de exclusión es ya una estricta minoría”, pues la exclusión social ha aumentado “enormemente”. Por ejemplo, la evolución de la exclusión social más severa arrojaba 2,7 millones de personas hace seis años, y en 2013 ya fueron 5 millones, un 82,6% más.

Asimismo, el técnico de estudios de Cáritas y Foessa se refirió a los diversos elementos “que más han aportado a la fractura social” y que hay que considerar para poder definir el concepto de “exclusión social”, como son el empleo, la vivienda y la salud.

Por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, subrayaron que “los hogares deben hacer un esfuerzo tan grande para hacer frente a los gastos de vivienda, que les coloca en una situación tal que el dinero del que disponen para vivir día a día les coloca por debajo del umbral de la pobreza”. Asimismo, Fernández también recordó que en la segunda fase de la crisis se ha percibido “un notable número de hogares” en los que se ha dejado de comprar medicamentos y seguir tratamientos médicos porque no pueden afrontarlo.

Finalmente, insistieron en la necesidad de reforzar esos apoyos con los que cuentan muchas familias para no sufrir exclusión, como son las familias y las personas del entorno. “En este momento es imprescindible de la creación de unas verdaderas políticas públicas de apoyo a la familia, como uno de los cimientos a la salida de la situación en la que nos encontramos”, subrayó Fernández, refiriéndose a iniciativas enfocadas a las familias, los menores, familias numerosas y hogares con personas con discapacidad. En este último supuesto, dijo el técnico, uno de cada diez hogares en esta situación se encuentran en pobreza elemental.

Además del apoyo de los familiares, el estudio de Cáritas detecta otros elementos que parecen estar relacionados con una situación más alejada de la exclusión, como tener un nivel educativo superior a Secundaria y vivir en núcleos de población de menos de 100.000 habitantes.