Este conocimiento será susceptible de ser puesto al servicio de la conservación de los Parques Nacionales que integran la Red, contribuyendo así al perfeccionamiento de su protección ambiental, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se priorizarán los proyectos de investigación que impliquen bien a los 15 parques que configuran la red, o bien a grupos de parques con características comunes, por ejemplo, parques nacionales de montaña (Picos de Europa, Ordesa, Aiguestortes, Sierra Nevada...).

Otro grupo son los parques en sistemas insulares (Islas Atlánticas de Galicia, Archipiélago de Cabrera), parques canarios (Timanfaya, Garajonay, Caldera de Taburiente y Teide), zonas húmedas (Doñana y Tablas de Daimiel), o sistemas mediterráneos (Cabañeros y Monfragüe).

Los proyectos susceptibles de beneficiarse de este régimen de ayudas deben ser de investigación orientada a la adquisición de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos en las líneas prioritarias incluidas en el Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales.

Pueden ser tanto unidisciplinares como multidisciplinares, individuales o coordinados, estos últimos construidos por dos o más subproyectos a cargo de otros tantos grupos de investigación, de la misma o de distintas entidades pero perteneciendo a diferentes departamentos universitarios o centro de investigación.

Los proyectos tendrán una duración de tres años y se podrán realizar en uno o varios de los Parques Nacionales que forman la Red y podrán ser beneficiarios de las ayudas los centros públicos de I+D+i, las universidades públicas y los organismos públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

También podrán optar a las ayudas los centros de I+D+i con personalidad jurídica propia y diferenciada vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, y los centros de I+D+i vinculados o dependientes de administraciones públicas territoriales, así como las entidades públicas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+i.