La reunión se produjo con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se celebra este jueves.

Los representantes de la corporación médica informaron a la defensora de los datos de agresiones a médicos registrados en 2013 y le trasladaron su queja ante la falta de unificación de criterios por parte de los órganos judiciales a la hora de tipificar las agresiones.

Asimismo, le comunicaron a Becerril su malestar ante las diferentes maneras de abordar una agresión a sanitarios, dependiendo de si los actos de violencia se producen en centros sanitarios públicos o en centros privados. La corporación formalizará ambas quejas en los próximos días para que el Defensor del Pueblo las incluya en su Informe Anual.

La responsable de la Oficina del Defensor del Pueblo mostró a los representantes de la OMC su sensibilidad ante este problema de violencia en el ámbito sanitario y aceptó lucir el lazo dorado con el que se simbolizan las acciones que está llevando a cabo el Observatorio de Agresiones bajo el lema “Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero”.

El Observatorio de Agresiones de la OMC se ha reunido anteriormente con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón; el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, así como con los responsables sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.

Estas iniciativas del Observatorio de Agresiones llevaron al Ministerio de Sanidad a constituir el pasado año un grupo de trabajo, en el que está presente el Observatorio de la OMC, para elaborar un estudio sobre agresiones a profesionales de la sanidad en el entorno de los centros e instituciones de los servicios de salud autonómicos. Este grupo, en el que participan representantes de las Administraciones y profesionales está trabajando para crear una mayor concienciación de la sociedad ante esta lacra, con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público.

El Observatorio de Agresiones ha auspiciado también los convenios firmados con las Fiscalías y las Administraciones autonómicas en diversas comunidades autónomas, encaminados a disminuir las agresiones contra médicos que prestan sus servicios en los centros de salud públicos, así como en la investigación, persecución y castigo de dichas agresiones y que han servido, según la OMC, para avanzar en procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública ha sido esencial.