Garzón se manifestó en estos términos a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde acudió para asistir al seminario ‘Justicia universal o impunidad’, organizado por la Izquierda Plural.

“Son los jueces, no puede ser una ley, quien imponga el sobreseimiento de una causa judicial, estamos subvirtiendo totalmente el orden jurídico y los jueces tienen la obligación de no aplicar las leyes claramente inconstitucionales. Es lo que ha hecho Pedraz y es lo que deben hacer todos los demás”, denunció Garzón.

El que fuera juez de la Audiencia Nacional instó a los magistrados a no aplicar la norma hasta que “no se resuelvan” las cuestiones pendientes sobre “una ley claramente exorbitante” y “claramente contraria” a tratados internacionales ratificados por España que son parte del ordenamiento jurídico español y que "tienen un cauce".

En este sentido, el jurista defendió que “la única opción posible es mantener las causas abiertas” hasta que el Tribunal Supremo decida porque, denunció, “el sobreseimiento es una facultad exclusiva de los jueces, en ningún caso el legislativo puede archivar o sobreseer causa judicial”.

“Mientras eso no se produzca desde la sede del legislativo no se puede hacer por muchos intereses políticos, económicos o de otro orden que haya. No se puede subvertir el procedimiento como se ha hecho”, cuestionó para denunciar que “detrás” de la modificación legal están los poderes económicos y políticos.

“No me ofrece ninguna duda por razones evidentes. No había ninguna razón para que entre 2009 y 2014 se modifique esta normativa cuando en el propio preámbulo se elude a los casos existentes, todos son anteriores a la ley de 2009. Se miente en el preámbulo”, criticó.

Garzó apuntó directamente “a la causa próxima" de esta reforma exprés. "Se llama investigación del caso Tíbet y China, además de otros aspectos que influyen también, como es Estados Unidos, como es Guantánamo y que deberían tener solución por otros cauces”, afirmó para criticar los “errores” cometidos que llevan a “situaciones realmente inverosímiles” que ya se están produciendo en la Audiencia Nacional.

TEMOR DE LOS DIPUTADOS

Garzón aseguró que no teme por los jueces. “Tendría temor por los diputados y senadores que han aprobado esta reforma que, desde mi punto de vista, usurpa claramente el ámbito del poder judicial”, apuntó para instar a "mirar en el Código Penal algunas definiciones".

Garzón insistió denunció, además, como “una aberración jurídica" que "los diputados y senadores que han apoyado la ley no se hayan dado cuenta ni tan siquiera de esto, lo cual evidencia que se busca la excepcionalidad, ser una ley ‘ad hoc’”, criticó.

Les recordó que, si los jueces no deciden si sobreseerlo, “quebrantarían lo establecido en los convenios”, entre ellos, enumeró, el Convencio contra la tortura, el Convenio contra el genocidio, el Convenio contra la desaparición forzada de personas y el de Personas protegidas en conflictos armadas, así como las C onvenciones de Ginebra de 1949 y los protocolos de 1976.

Además, criticó que “no puede una ley actuar con carácter retroactivo cuando afecta a Derechos Fundamentales porque se refiere al núcleo duro de la Constitución y eso no es sólo un retroceso gravísimo, sino claramente inconstiucional".

SANCIÓN PARA ESPAÑA

Garzón avisó de que, “sin lugar dudas”, España será sancionada por esta modificación legal. Recordó que el Comité de desaparición forzada de personas, el pasado 15 de noviembre, cuando hizo su valoración en el examen de España en Ginebra de la ley de 2009 “ya advirtió de que España debía garantizar la jurisdicción universal y la protección de las víctimas”.

“La respuesta en forma de ley aprobada hace tres días es exactamente la contraria, con lo cual el Comité se va a pronunciar con toda seguridad emitiendo una condena contra España y lo mismo va a suceder en el Comité contra la Tortura y en los demás”.

A este respecto, Garzón avanzó que él ya ha “denunciado” ante esos comités “la ley” e insistió en que “fuera de España esto es un escándalo”. “Lo digo claramente y no es ni por animadversión al Gobierno del PP, lo diría exactamente igual fuera quien fuera”, afirmó para asegurar que “no era necesaria". "Una vez que se ha hecho habría que guardar las formas", avisó.