El diputado regional explicó que su partido “defiende la máxima transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión del dinero público, así como una total colaboración con la Justicia, que es a la que, bajo el principio de separación de poderes, le corresponde dirimir sobre posibles actuaciones irregulares”.

“Actualmente el asunto -refiriéndose al supuesto fraude en los cursos de formación continua- está subiudice y bajo secreto de sumario en el Juzgado número 9 de Madrid, lo que ha llevado a la Mesa de la Asamblea a no aprobar la creación de una Comisión de Investigación, ya que el poder inspectivo del Parlamento no está por encima del de los jueces”, señaló.

Asimismo, afirmó que “consideramos necesario que tanto la consejera como los altos cargos de la citada consejería comparezcan ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones”.

Iñigo Henríquez de Luna indicó que el hecho de elegir dicha comisión como escenario “es una demostración más de que el PP no tiene nada que ocultar, ya que dicha comisión está presidida por el principal grupo de la oposición”.

Además, afirmó que “el PP también ha pedido a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura todos los expedientes relativos a los cursos de teleformación del año 2011, con el fin de lograr la máxima transparencia y de que los distintos grupos dispongan de toda la información existente”.

Henríquez de Luna destacó el hecho de que “en poco más de un mes el Gobierno haya respondido a diez preguntas orales y se hayan desarrollado tres comparecencias, ya sea en Pleno o en comisión”. “Esto demuestra que los mecanismos de control de la Cámara regional funcionan”, afirmó el portavoz popular.

Destacó que “más allá de las previstas en el calendario, estamos dispuestos a estudiar la posible celebración de más sesiones de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para abordar este tema”.

Además, el portavoz del PP en la Asamblea recordó que la Comisión de Presupuestos acordó la semana pasada la "fiscalización especial de la Cámara de Cuentas a las subvenciones destinadas a empresas, asociaciones empresariales, sindicatos u otras entidades para financiar la impartición de cursos de formación continua, en el marco de las políticas activas de empleo, concedidas por la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013”.