La propuesta, que cosechó 326 noes, cinco síes y dos abstenciones, abogaba por sustituir el sistema de Máster Habilitante que actualmente se exige a los profesores por un modelo de profesorado residente formado en los propios centros.

Así, dicha medida formaría parte de la nueva Ley de Educación que UPyD reclamó al Gobierno, al que también pidió congelar la aplicación de la norma recién aprobada (Lomce).

Este grupo instó al Ejecutivo a presentar “un nuevo proyecto de ley educativa pensado para al menos 25 años, debatido y acordado en profundidad con la comunidad educativa y los partidos democráticos de la cámara, congelando entre tanto la ejecución de la Lomce”.

De hecho, destacó el amplio “rechazo” que la Lomce ha suscitado entre las fuerzas de la oposición y el profesorado, lo que le augura “una vida muy breve”.

El partido de Rosa Díez reclamaba además que en la nueva ley se limite a un máximo del 10% o el 15% el porcentaje del currículum sobre el que pueden decidir las comunidades autónomas, con independencia de la lengua en que se imparta.

Asimismo, exigía adoptar “las medidas legales necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales que aseguran el respeto al bilingüismo en la educación pública catalana, y el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular entre las dos oficiales en las comunidades bilingües”.