En concreto, la iniciativa, que se debatirá y votará mañana, jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, dentro de la última jornada del Debate sobre el Estado de la Nación, pide al Ejecutivo que aborde, junto a las comunidades autónomas, una Estrategia contra la desigualdad social que consta de 15 puntos.

Entre estos puntos figura el que aboga por establecer "límites de inversión mínima en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, respecto al gasto global de las administraciones públicas".

Se trata, tal y como explica CiU en el texto de la propuesta de resolución, de fijar, "para el corto y medio plazo, un suelo social de gasto mínimo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales (incluida la Atención a la Dependencia), teniendo en cuenta el coste de la vida en cada territorio, que asegure la satisfacción adecuada de estos derechos básicos".

El documento apuesta también por reformar el sistema impositivo "para hacerlo más eficiente y equitativo", y para que contribuya así a reducir las desigualdades" sociales, que, a su parecer, podrían disminuir igualmente extendiendo los comportamientos empresariales responsables con la sociedad.

La propuesta de resolución contiene asimismo medidas pensadas para mejorar las políticas de apoyo a las familias con hijos, tales como ampliar la deducción por maternidad.

En la misma línea, la iniciativa aboga por elevar el Salario Mínimo Interprofesional y reducir la brecha salarial de género, así como por recuperar y mejorar la protección de los desempleados con políticas como la recuperación de la edad de 52 años para el cobro del subsidio, actualmente establecido para mayores de 55 años.

SANIDAD Y DEPENDENCIA

En el ámbito sanitario, CiU es partidaria de la universalización y mejora de la financiación de la sanidad con políticas como la consistente en garantizar una financiación suficiente a las CCAA y el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, "teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual situación de crisis económica".

En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, el texto del Grupo Catalán apuesta por "restaurar de forma inmediata, el nivel de financiación conveniado y modificar, mediante un amplio acuerdo político y social con las CCAA y los agentes sociales y económicos, el régimen de financiación del Sistema de atención a la Dependencia", para que asegure un volumen de recursos "adecuado" a las autonomías.

Insta igualmente al Gobierno CiU a adoptar una política de mejora paulatina de las pensiones mínimas, de las de orfandad y de las de viudedad.

Además, la iniciativa pide al Ejecutivo que traspase a la Generalitat de Cataluña "la gestión de los recursos que deben destinarse a fines de interés social, de acuerdo con la decisión ciudadana de señalar la casilla correspondiente al 0,7% en el IRPF, dando así cumplimiento a las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional".

Finalmente, el texto incluye otras propuestas relacionadas con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y a una "vivienda digna y adecuada", además de proponer impulsar la creación de un Fondo de Garantía para la protección de los consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.