El informe, aprobado por 343 votos a favor, 139 en contra y 105 abstenciones, subraya que el ‘modelo nórdico’, aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (por el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución) es una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género, según informó la Eurocámara.

“Más que legislación general, que ha resultado desastrosa en Países Bajos y Alemania, necesitamos un enfoque específico para la prostitución, que castigue a los hombres que tratan el cuerpo de la mujer como una mercancía, sin criminalizar a las personas que se ven abocadas al trabajo sexual”, declaró la ponente del texto, la laborista británica Mary Honeyball, que apostó por atajar la situación “de raíz”.

En esta línea, la Eurocámara afirma que considerar la prostitución como un trabajo sexual legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las víctimas, sino que produce el efecto contrario.

Los parlamentarios también se pronunciaron sobre las normativas referentes al aborto. “Deben respetarse la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia”, concluyó.