Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que formaron el tribunal que condenó a Garzón, presididos por Joaquín Giménez, entienden ahora que “no concurren razones de justicia o equidad para la concesión de la medida de gracia” al antiguo juez de instrucción de la Audiencia Nacional.

En cuanto a las razones relativas a la utilidad pública, la sala considera cuestionable devolver la condición de juez “a quien sostiene que fue correcta su forma de proceder” en una causa penal que el Supremo calificó como constitutiva de un delito de prevaricación.

El informe del Supremo se ha incorporado al expediente y se ha enviado al Ministerio de Justicia. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón será el encargado de proponer la concesión o no del indulto al Consejo de Ministros, órgano que en última instancia deberá decidir sobre la medida de gracia para Garzón.

El Supremo, el 9 de febrero de 2011, condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación como autor de delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales. Además de la pena de inhabilitación, el tribunal condenó al antiguo juez de la Audiencia Nacional al pago de una multa de 2.520 euros.

Los siete miembros del tribunal, presididos por Joaquín Giménez, concluyeron por unanimidad que Garzón actuó en su investigación del 'caso Gürtel' como en "los regímenes totalitarios".

CONDUCTA GRAVE

El Supremo destaca en el informe que no se puede “aceptar la banalización del daño causado por la conducta delictiva” de Garzón. “No puede olvidarse que se declaró probado que había una intervención de las comunicaciones entre imputados en situación de prisión preventiva y sus letrados defensores sin que contra estos existieran indicios de ninguna clase”, señala el escrito.

Los magistrados también defienden que la condena fue proporcional y “consecuencia de una aplicación rigurosa de la ley, en atención al daño causado y a las circunstancias personales del reo”.

La petición de indulto no ha sido cursada por Garzón, sino por la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (Medel). “Afirma actuar en nombre del penado, aunque sin aportar acreditación documental alguna de esta aseveración”, señala el Alto Tribunal. Garzón, de hecho, remitió un escrito al Ministerio de Justicia en el que señalaba que no había pedido el indulto ni había solicitado que lo hiciesen en su nombre.