El presidente catalán había pedido declarar por escrito en el juicio y evitarse así el ‘paseíllo’ por la sede de la Audiencia Nacional. Más, debido a los altercados que tuvieron lugar el 15 de junio de 2011, tuvo que acceder al Parlamento en helicóptero, por lo que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que se encargará de la celebración del juicio, decidió el pasado 24 de enero citarle a declarar como testigo en el juicio.

La Fiscalía se opone a que Mas declare por escrito al entender que no tiene derecho a este ‘privilegio’. También rechaza que declare por videoconferencia al concluir que sus “circunstancias personales” avalan que el presidente catalán tiene los medios suficientes para desplazarse hasta Madrid para prestar declaración en el juicio.

El Ministerio Público hace las mismas consideraciones con respecto a la presidenta del ‘Parlament’, Nuria de Gispert, quien también ha sido citada a declarar en el juicio.

Deberán asimismo testificar en la vista oral los entonces parlamentarios Antoni Fernández, Montserrat Tura, Joan Boada, Gerard María Figueras, Josep María Llop, Jordi Turrul, Alfons López Tena, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milá y Santi Vila Vicente. Algunos de estos testigos fueron víctimas de agresiones e insultos en su intento por acceder a la Cámara autonómica.

USO DE UN ‘PRIVILEGIO’

El escrito de los fiscales encargados del caso, Teresa Sandoval y José Perals, recuerda que la declaración por escrito es una opción reconocida “ampliamente” en la fase de instrucción pero no durante la vista oral. El Ministerio Público subraya en este sentido que los únicos que pueden declarar por escrito en los juicios son los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno y los presidentes de comunidades autónomas pero solo cuando estos hayan tenido conocimiento de los hechos “por razón de su cargo”.

Los fiscales sostienen que Mas tuvo conocimientos de los hechos en calidad de diputado y no de presidente catalán y añade que, además, tendría “la condición de víctima o agraviado”, por lo que entiende que no cabe su declaración por escrito. “Artur Mas no tuvo conocimiento de los hechos que van a juzgarse por razón de su cargo de presidente de comunidad autónoma, si no por razón de su condición de diputado del Parlamento, al cual se dirigía para participar en una votación, por lo que no puede aplicársele el privilegio que solicita”, señala el escrito presentado hoy ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los fiscales Sandoval y Perals señalan además que la declaración de Mas por escrito vulneraría los derechos de los acusados ya que las defensas no podrían “interrogar al testigo directo y someter a contradicción su testimonio”.

RECHAZO DE LA VIDEOCONFERENCIA

La Fiscalía también rechaza que Mas y el resto de parlamentarios catalanes declaren por videoconferencia. “Ni la distancia geográfica entre el lugar de su residencia y el de celebración del juicio permite considerar gravoso el desplazamiento a la sede del tribunal; ni su estado o circunstancias personales avalan que pueda ser perjudicial la asistencia a la sede del juicio”, señala el escrito.

El Ministerio Públicos subraya que “la declaración no es molesta para los testigos, pues viven en Cataluña, y esta comunidad tiene una perfecta red de comunicaciones con la Comunidad de Madrid”.

La fiscal Sandoval y su compañero Perals añaden que los días previstos para las testificales –el 2 y 3 de abril- no hay convocadas sesiones en el Parlamento de Cataluña. Los diputados habían alegado que “sus funciones y ocupaciones políticas les impiden trasladarse en gran número a la ciudad de Madrid”.

JUICIO EN MADRID

El juicio comenzará el 31 de marzo y, a pesar de haberse especulado con la posibilidad de celebrarlo en Barcelona, la vista oral se desarrollará finalmente en la sede que la Audiencia Nacional tiene en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, unas instalaciones habilitadas para ‘macrojuicios’.

La Fiscalía pide que se condene a una pena de cinco años y medio de cárcel a los 20 jóvenes acusados. La fiscal Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las altas instituciones del estado en concurso con un delito de atentado contra la autoridad.

“A lo largo de la mañana varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal, acciones en las que todos los acusados tuvieron una activa intervención”, asegura la representante del Ministerio Público en su escrito de acusación.

Los acusados son Javier Tadeo Orellana, Cristóbal Nicolás Araya, Daniele Vinci, Rubén Molina, José María Vázquez, Marta Pi, Alejandra Calderón, Francisco José Cobos, Alessia Borge, Antonio Dolz, Jordi Raymond, Javier Villanueva, María Duran Gurnsey, Ignacio Antolino, Joan Peiró, Ángela Bergillos, Ciro Morales, Álvaro Cano, Olga Álvarez y Carlos Munter.