Quintana indicó que en 2007 una alumna denunció abusos por parte del mismo profesor que hoy está en prisión y nadie le hizo caso, y señaló que “cualquier funcionario está obligado a poner, una vez que se ha denunciado un delito, el asunto a disposición del fiscal”.

Insistió en que la Administración regional “tiene la obligación de poner la información a disposición del fiscal”, y respecto a la Consejería de Educación, opinó que también es responsable porque “tenía que haber enviado a la inspección educativa a ese colegio”.

Por su parte, la portavoz adjunta de IU Eulalia Vaquero informó de que preguntará al consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, en el primer Pleno de marzo sobre este asunto. “Exigiremos responsabilidades, ya que se trata de la protección de un menor, que es competencia exclusiva de Asuntos Sociales, que debe garantizar esa protección y no lo ha hecho”, señaló.

“Queremos saber qué ha pasado, porque es incomprensible que en los tiempos en que vivimos se pueda producir lo que ha pasado y nadie lo haya puesto en conocimiento de la Fiscalía”, añadió.

Asimismo, manifestó que “hay responsabilidades políticas y también por parte del centro educativo” y afirmó que "no se puede permitir que pueda pasar eso en un colegio”.

El portavoz adjunto de UPyD, Ramón Marcos, dijo que la Comunidad de Madrid y los servicios sociales, “en su momento, debieron poner este caso en conocimiento de la Fiscalía”, ya que es “un delito muy grave y perseguible de oficio”. "Si se tiene el conocimiento de unos hechos delictivos hay que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, y también del centro”. Asimismo, destacó que el centro “debía conocer que había una denuncia en relación con un profesor que trabajaba ahí”.

El portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, calificó de “indecente la utilización política y partidista de cualquier caso de sufrimiento humano”. “El Gobierno regional ha dejado claro que se ha cumplido el protocolo de actuación en estos casos”, dijo el diputado del PP, quien aseguró que “son los padres los que tienen la responsabilidad de denunciar”.

“Pretender sacar rédito político de estas cuestiones es lamentable e indecente”, reiteró el portavoz popular, quien añadió que “hay que esperar a la investigación”.